Por Carlos Santana
Santo Domingo, 28 de mayo de 2024 – En un fallo contundente, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia condenó a la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, a cinco años de prisión por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La sentencia, dictada por unanimidad, marca un precedente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la República Dominicana.
El tribunal, presidido por el magistrado Francisco Jerez Mena e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, encontró culpable a Pilarte de formar parte de una red criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. La legisladora, utilizaba su posición de poder para "diversificar el producto del narcotráfico" mediante la compra de inmuebles y la realización de transacciones bancarias millonarias.
La acusación contra Pilarte, presentada por el Ministerio Público, detallaba cómo la diputada utilizaba su influencia política y sus vínculos familiares para ocultar el origen ilícito del dinero. Las investigaciones revelaron que Pilarte había adquirido varios inmuebles en La Vega, valorados en cientos de millones de pesos, con fondos provenientes del narcotráfico.
Además de la pena de prisión, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de los inmuebles adquiridos por Pilarte de manera ilícita. Asimismo, la diputada deberá pagar una multa de 200 salarios mínimos del sector público.
La condena de Rosa Amalia Pilarte representa un duro golpe a la impunidad que ha caracterizado a la clase política dominicana durante décadas. Este caso envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los funcionarios públicos que ostentan cargos de poder.
El modus operandi de la red criminal
La red criminal a la que pertenecía Rosa Amalia Pilarte operaba mediante la colocación de sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica. El objetivo era "diversificar el producto del narcotráfico" y ocultar el origen ilícito de los fondos. Para ello, la red utilizaba vínculos familiares y de afinidad para facilitar sus operaciones.
Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que Pilarte era una pieza clave en la estructura criminal. La diputada realizaba transacciones bancarias millonarias que no guardaban relación con sus actividades productivas e ingresos lícitos. Además, Pilarte utilizaba su influencia política para facilitar la adquisición de inmuebles y otros bienes con fondos provenientes del narcotráfico.
Un precedente en la lucha contra la corrupción
La condena de Rosa Amalia Pilarte marca un precedente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la República Dominicana. Este caso demuestra que las autoridades judiciales están comprometidas con el combate a la impunidad y que nadie está exento de la ley, independientemente de su posición social o política.
La sentencia contra Pilarte también envía un mensaje contundente a los funcionarios públicos que se ven tentados a utilizar su poder para enriquecerse de manera ilícita. Las autoridades judiciales están vigilantes y no tolerarán ningún tipo de corrupción o impunidad.
