Tribunal condena agrimensor a 4 años de suspensión por deslindes fraudulentos en Punta Rucia

El tribunal disciplinario del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), ha condenado a 4 años de suspensión al agrimensor Segundo Antonio Brito Marte acusado de realizar deslindes fraudulentos en las comunidades de Punta Rucia y la Ensenada, provincia de Puerto Plata.

Sobre el caso, el tribunal se encontraba apoderado del conocimiento de cuatro expedientes por deslindes fraudulentos realizados la parcela No. 10-D, del DC. 02 de Puerto Plata.

En fecha 12 de Mayo 2022, el organismo del CODIA, emitió cuatro sentencias disciplinarias condenando en cada una, a un año de suspensión para ejercer la profesión, al agrimensor Brito Marte, cuyas recomendaciones están siendo tramitadas por ante el Poder Ejecutivo y por ante la Suprema Corte de Justicia.

Estas decisiones están registradas bajo los números de expedientes, Caso No. 36-21-01, por deslinde fraudulento realizado en perjuicio de la señora Lucila Nelly Capellán Luna.

Según el expediente del caso, el agrimensor acusado realizó el deslinde del terreno y la casa en construcción, a espaldas de la víctima y le atribuyó de manera fraudulenta esas propiedades en nombre del hoy diputado por Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez.

El legislador utilizó dicho título deslindado de manera fraudulenta, desalojó a la señora Luna y le destruyó la vivienda sin ninguna orden judicial,por lo que enfrenta ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia un proceso penal.

Bajo el mismo esquema de fraudes y por el cual se encuentran bajo investigación otros agrimensores, el agrimensor Brito Marte también fue procesado disciplinariamente, con el caso No.38-21-01, por deslinde fraudulento realizado sobre el terreno y la vivienda en perjuicio de la señora Fiordaliza Curiel Acosta, con el que se pretendía despojar de su vivienda en la comunidad de Punta Rucia.

Dicho deslinde fraudulento también iba en beneficio del hoy diputado por Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, envuelto en una serie de escándalos por supuesto despojo ilegal de propiedades en dicha zona y por cuyos casos se encuentra bajo investigación por parte de la Procuraduría General de la República.

Del mismo modo, Brito Marte fue declarado culpable y condenado también a otro año de suspensión para ejercer la profesión, por el caso No.37-21-01, por el deslinde fraudulento realizado sobre el terreno y la vivienda en perjuicio de Henry Abelardo Santos Quezada, deslinde con el cual obtuvieron un título deslindado de manera fraudulenta en nombre del abogado Jesús del Carmen Méndez Sánchez, título con el que se pretendían despojarlo de su vivienda en la comunidad de la Ensenada.

Tambien fallaron el proceso No. No.35-21-01, donde también el agrimensor Segundo Antonio Brito Marte, fue declarado culpable y condenado a otro año de suspensión para ejercer la profesión, con lo que suman cuatro años, por el deslinde fraudulento realizado sobre el terreno y la vivienda en perjuicio de Ramón Andrés Reynoso Pichardo, deslinde con el cual obtuvieron un título deslindado de manera fraudulenta en nombre de la sociedad Franasyl, S.R.L, representada por Abraham Selman Hasbun, titulo deslindado de manera fraudulenta, con el cual lo despojaron de su vivienda en la comunidad de la Ensenada.

En dicho proceso salió a relucir que en total serían inicialmente 56 deslindes fraudulentos los realizados en esa parcela por el agrimensor Segundo Antonio Brito Marte y que fueron “aprobados” por una mafia que operaba a lo interno de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, en los departamentos de Inspección y cartografía, en los cuales fueron cancelados 19 empleados y varias registradoras de títulos en la misma fecha que se aprobaron los deslindes fraudulentos por los cuales resultó condenado el agrimensor.

Estos deslindes posteriormente siguieron sub-dividiéndose afectado el desarrollo turístico de esa zona, debido a las constantes estafas que han venido ocurriendo producto de ventas de terrenos a ciudadanos extranjeros con deslindes falsos o que al final de cuentas provienen todos de un fraude inmobiliario de grandes dimensiones según se ha comprobado.

Las acusaciones disciplinarias por las cuales fue declarado culpable y condenado el agrimensor Segundo Antonio Brito Marte, estaban fundamentadas en que este forma parte de un entramado junto a varios abogados dedicados a despojar de terrenos y casas, a  sus propietarios y al estado dominicano de más de 5 kilómetros de playas, y que actúan en nombre de un grupo de falsos herederos de Carlos López Westen, y de personas difuntas.

Otros no saben que sus nombres fueron incluidos en este fraude, violentando los reglamentos de mensuras y la ley de registro inmobiliario y el código de ética del Codia, al utilizar su colegiatura para darle apariencias de legalidad a actos fraudulentos, firmando actuaciones de las cuales nunca realizó y que afectan el honor, la dignidad, el respeto, la honestidad, la capacidad, la honradez y demás tributos que deben servir de base al ejercicio de la profesión de agrimensura.

Dichos actos son contrarios a la ética e incompatibles con el ejercicio digno y atentan contra la reputación y los legítimos derechos de los profesionales de la agrimensura ya que con sus acciones delictivas y anti éticas socavan y desmeritan el prestigio ganado por los agrimensores y por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y Profesiones Afines.

Las víctimas de estos casos, están siendo representadas por los abogados Pablo Arredondo German y Cesar Amadeo Peralta, quienes han denunciado públicamente que en las comunidades de Punta Rucia y la playa la Ensenada existe un cartel inmobiliario dedicado a cometer fraudes.

Según las denuncias, allí operan grupos armados, que ocupan propiedades ajenas y luego como modus operandi les fabrican expedientes a todas sus víctimas por falsas violaciones de propiedad privada con estos títulos deslindados de manera fraudulentamente, por lo que han solicitado una investigación profunda que abarque a varios miembros del Ministerio Público y de la jurisdicción inmobiliaria que forman parte íntegra de esas estructuras criminales y que les daban soporte a este entramado.