La Vega – En un importante paso hacia la protección de los derechos de los campesinos y la preservación del patrimonio rural, el Comité Prodesarrollo del Distrito Tavera, bajo el liderazgo del profesor Rufino Jiménez, ha expresado su apoyo a la revisión del decreto 571-09 promulgado por el entonces presidente Leonel Fernández en 2009.
Esta revisión se busca con el objetivo de evitar desalojos y despojos de tierras ancestrales en las comunidades cercanas a las presas de Tavera y Bao situadas entre las provincias de La Vega y Santiago, respectivamente.
El decreto ha generado un conflicto legal, social y medioambiental entre el campesinado y las autoridades, amenazando los derechos legítimos de los campesinos que han habitado estas tierras desde tiempos inmemoriales.
La normativa presidencial establece una franja de protección de 250 metros alrededor del vaso de las presas del país. Sin embargo, esta medida viola y contradice el artículo 129 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que estipula una franja de protección obligatoria de treinta (30) metros alrededor de corrientes fluviales, embalses y cuerpos de agua, incluyendo las presas.
Bajo la liderazgo del profesor Rufino Jiménez, el Comité Prodesarrollo del Distrito Tavera conformada por organizaciones comunitarias y líderes campesinos se una a la lucha conjunta por la justicia y la preservación cultural y medioambiental.
Así, el comité ha hecho un llamado respetuoso al presidente Luis Abinader instándolo a enmendar esta injusta situación. Con su liderazgo, creen que es posible garantizar un futuro donde la armonía entre la naturaleza y las comunidades sea la base de un desarrollo sostenible y próspero para todos.
La voz unida de estas organizaciones y líderes campesinos resalta la importancia de preservar el patrimonio rural y defender los derechos de las comunidades rurales, siendo fundamentales para mantener la identidad y riqueza cultural de la República Dominicana.
La revisión del decreto representa una oportunidad para construir un futuro más justo y equitativo para todos los dominicanos, protegiendo el legado de las generaciones pasadas y garantizando un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.
