Dichos poderes permitirán a Abel Martinez manejar más de 200 millones de pesos a su discreción
El movimiento cívico Marcha Verde calificó como un grave error y un exceso del Concejo de Regidores de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros, darle plenos poderes al titular de la entidad Abel Martínez, durante los 100 días de la Emergencia causada por el coronavirus COVID-19.
En una nota enviada a los medios el movimiento criticó la medida debido a la “poca transparencia” con la que el edil supuestamente ha manejo los recursos económicos y humanos del cabildo.
En ese sentido, citó como evidencia los expedientes en su contra sobre el Presupuesto Participativo durante los cuatro años de su primera gestión, y el contrato de las luminarias de la ciudad.
Agregó que es conocida la vocación de “dictador, de usurpador de las funciones de la Policía Nacional, Policía de Amet y la Dirección de Migración; sus reiteradas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo la incautación de bienes, violación de domicilio, apresamientos ilegales, maltratos físicos y psicológicas a trabajadores informales, y el uso de armas de fuego contra ciudadanos”.
“El síndico Martínez no se ha ganado la necesaria confianza para otorgarle ese nivel de independencia”, afirmó Marcha Verde.
Marcha Verde dice Abel tiene cuentas pendientes
Sostuvo, en ese orden, que aún está pendiente que el funcionario rinda cuentas sobre las denuncias por el presunto mal uso de los recursos públicos para sus campañas en las primarias del PLD (2019) y las elecciones municipales de marzo (2020).
De igual forma, aseveró que debe explicar su papel en el “festival de contratos”, que durante su presidencia en la Cámara de Diputados, hizo aprobar de urgencia. Asimismo, su vinculación o no con el pago de sobornos admitidos por la empresa brasileña Odebrecht.
Marcha Verde demandó que el alcalde Martínez, durante el tiempo que dure la emergencia, informe de manera sistemática a Santiago y el país, sobre los recursos recibidos durante dicho período, las fuentes de procedencia, los montos recibidos y los conceptos de los mismos, de manera auditables.
También los detalles auditables, acerca de las inversiones y gastos en que se incurran con cargo a ingresos recibidos, con las correspondientes justificaciones administrativas, en especial, con estricto apego a las leyes 340-06 y su reglamento 543-12, y la 176-07 sobre los Ayuntamientos.
