Por John Santos
Una prueba de ADN realizada en un laboratorio de Nueva Jersey, Estados Unidos, ha resuelto uno de los casos que más ha sacudido a la opinión pública dominicana en los últimos meses: Abel Martínez, exalcalde de Santiago de los Caballeros y excandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no es el padre biológico del hijo de Keire Vargas.
Según los resultados obtenidos de veintitrés sistemas genéticos diferentes, se ha determinado que Abel A. Martínez Durán no es el padre biológico de Jhankely Vargas.
La prueba de ADN reveló la ausencia del alelo paterno obligatorio en varios sistemas, como D3S1358, D16S656, D10S1248, D13S317, Penta E, D16S539, D21S1338, D22S1045 y SE33. Además, el índice combinado de paternidad resultó en un 0.0000, lo que indica una probabilidad nula de que Martínez Durán sea el padre biológico.
La probabilidad relativa de paternidad, tomando en cuenta un 50 % de probabilidad previa, también se determinó en un 0.0000 %, comparada con un hombre no relacionado al azar dentro de la población hispana.
El resultado de la prueba, que era esperado tanto por los implicados como por la sociedad dominicana, zanja una disputa que comenzó el pasado 31 de agosto, cuando Vargas realizó un directo en Instagram para acusar a Martínez de haberse negado a someterse a una prueba de paternidad y de haber abusado de ella cuando era menor de edad. La mujer también declaró que el político la manipuló y la obligó a declarar al menor como hijo de otro hombre.
En los videos difundidos por Vargas, esta relataba que había conocido a Martínez cuando era una joven de 16 años que trabajaba en su campaña política. Según su testimonio, ambos mantuvieron relaciones en dos ocasiones, de las cuales la segunda, a los 18 años, resultó en el nacimiento de su hijo, que actualmente tiene 13 años. Vargas también acusó al exalcalde de haberla amenazado para que atribuyera la paternidad del niño a Juan Antonio Collado, un hombre que durante siete años cuidó y mantuvo al menor bajo la creencia de que era su hijo.
La controversia se intensificó cuando el propio Collado desmintió las afirmaciones de Vargas, asegurando que ella lo había manipulado para asumir la paternidad del menor. "Keire me utilizó por años", declaró en un video publicado en redes sociales, donde también negó que Martínez lo hubiera obligado a reconocer al niño.
Por su parte, el exalcalde de Santiago emitió un comunicado oficial el 3 de septiembre, en el que confirmaba haber mantenido una breve relación sentimental con Vargas cuando ambos eran solteros. Martínez aseguró que dicha relación fue consensuada y que, al enterarse de la existencia del menor durante su campaña presidencial, ofreció apoyo económico a Vargas mientras se sometía a los procedimientos legales pertinentes para determinar la paternidad.
El abogado de Vargas, Yan Carlos Seguro, sostuvo que su cliente había intentado durante años que Martínez se sometiera a una prueba de ADN, pero que este se había negado, lo que la había llevado a hacer público el caso. Además, aseguró que Vargas temía por su seguridad y la de su familia tras haber recibido ataques en redes sociales.
Con los resultados de la prueba de ADN en mano, Martínez queda exonerado de la acusación de paternidad. Sin embargo, el caso ha dejado profundas heridas en la reputación de todos los involucrados y plantea interrogantes sobre el impacto de las denuncias en la esfera pública. "Es hora de que se deje de utilizar la vida privada de las personas como herramienta de daño político", declaró su equipo legal tras conocerse los resultados.
Mientras tanto, Keire Vargas no ha ofrecido declaraciones tras el dictamen del laboratorio estadounidense. Su denuncia inicial había sido presentada como una oportunidad para que otras mujeres "víctimas" del político se animaran a denunciar. Ahora, con el resultado desfavorable, el desenlace podría significar también un golpe a la confianza en los mecanismos de denuncia.
El caso Martínez-Vargas es un reflejo de cómo las redes sociales, sumadas a las tensiones políticas, pueden amplificar conflictos personales hasta convertirlos en asuntos de interés nacional. Aunque la prueba de ADN ha dado fin a esta disputa legal, la opinión pública seguirá debatiendo las implicaciones éticas y sociales de lo sucedido.
