La selva urbana de Haití, convertida en un laberinto de violencia donde las fronteras entre la criminalidad y la política se difuminan, es el nuevo escenario elegido por El Salvador para proyectar su doctrina de seguridad más allá de sus fronteras.
El reciente despliegue de 450 soldados salvadoreños —urgido por la necesidad de rescatar a cuatro compatriotas caídos en una emboscada— pone de manifiesto la magnitud del desafío que enfrenta la Fuerza de Supresión de Pandillas. Mientras el presidente Nayib Bukele apela a la fe y a la certidumbre de una victoria divina frente a grupos que califica de apocalípticos, sobre el terreno la realidad adopta matices mucho más sombríos.
Para las voces que observan el conflicto desde la primera línea de la frontera, como el alcalde dominicano Santiago Riverón, la audacia de San Salvador carece de los engranajes indispensables. A su juicio, la tecnología militar avanzada y la inteligencia satelital de Estados Unidos son piezas no negociables para penetrar el bastión de las bandas.
A esta brecha logística se suma una herida social más profunda: la arraigada complicidad estructural. Riverón advierte que una porción significativa de la población haitiana, sostenida por millonarios y operadores políticos que históricamente armaron a estas facciones, coexiste y protege a los grupos armados.
En este tablero de ajedrez caribeño, la apuesta de El Salvador deja de ser una simple misión de rescate para convertirse en una prueba de fuego sobre los límites del mesianismo punitivo frente a un Estado fallido y una crisis que resiste las soluciones unilaterales.