En las calles de Santiago, la preocupación por los robos no se mide únicamente por el número de denuncias. También aparece en decisiones cotidianas: la hora a la que un comerciante decide cerrar su negocio o la cautela con que una persona se dispone a salir de noche.
Esa percepción fue uno de los puntos centrales de una intervención esta semana del abogado y comunicador Jordi Veras en 55 Minutos, de CDN, en la que reclamó una estrategia de investigación e inteligencia para enfrentar la delincuencia en Santiago y otras zonas del Cibao.
Veras llegó a su planteamiento después de mencionar varios hechos recientes. Entre ellos citó el asalto sufrido por el regidor Manuel Eduardo Torres, conocido como «Cosita», y su esposa en su residencia de Villa González el martes 22 de septiembre, un caso reportado previamente por Noticia.do.
También afirmó que tres negocios de Villa Olga fueron asaltados entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, y que un camión dedicado a la distribución de alimentos fue asaltado en Villa González. En su intervención no precisó si esos casos habían producido arrestos o cuáles eran los avances de las investigaciones.
Su crítica se concentró en la respuesta estatal frente a la delincuencia.
«Los intercambios de disparos no resuelven el problema», afirmó Veras, al tiempo que reclamó una actuación coordinada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público que permita investigar los delitos y dar seguimiento a quienes los cometen.
El planteamiento introduce una distinción entre responder a un hecho delictivo y desarrollar investigaciones capaces de identificar patrones, responsables y redes vinculadas a los robos.
Veras sostuvo además que el temor está teniendo consecuencias sobre la vida cotidiana de ciudadanos y comerciantes. Pero los episodios que citó, aunque ilustran la preocupación que expresó, no bastan para establecer por sí mismos una tendencia estadística sobre la evolución de los robos en Santiago.
Otro elemento de su intervención fue una referencia a unas 4,500 muertes ocurridas entre 2018 y 2025 en hechos denominados «intercambios de disparos». La cifra ha sido presentada como una estimación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, al no existir una serie oficial comparable que permita verificarla para todo el período señalado, debe entenderse como una estimación atribuida a esa organización y no como una cifra oficial consolidada.
El reclamo de Veras, en ese contexto, se sitúa menos en la discusión sobre un caso particular que en una cuestión más amplia: cuánto puede aportar la investigación criminal —frente a la respuesta inmediata— para enfrentar los delitos que afectan a las comunidades del Cibao.