La Vega, República Dominicana. En una entrevista exclusiva en el programa dominical Reporte Especial con Julissa Céspedes, la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, ha denunciado lo que considera una persecución política por parte del gobierno de Danilo Medina, relacionada con las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos que enfrenta junto a su familia.
Pilarte, quien asumió su cargo en el 2019, asegura que desde que aceptó ser candidata a diputada por el PRM en 2019, ha sido objeto de persecución por parte de la justicia. Denuncia que incluso durante la campaña del 2020, las autoridades del Ministerio Público realizaron allanamientos en su hogar y secuestraron a su esposo y a sus dos hijos por más de dos días.
La legisladora sostiene que las acusaciones en su contra tienen como objetivo restar votos al Presidente en aquel momento y que el expediente en su contra no se ha resuelto en tres años. Asegura que su familia ha pagado un alto costo por haber apoyado al PRM, y lamenta el impacto que estas acusaciones han tenido en su vida y en la de sus hijos.
En cuanto a las acusaciones concretas, Pilarte defiende su inocencia y afirma que su participación en la política ha sido para trabajar por la comunidad y ayudar a las personas desfavorecidas. Niega cualquier vínculo con actividades ilícitas y sostiene que las acusaciones en su contra son infundadas.
Pendientes de decisión y defensa de sus derechos
Ante la posibilidad de continuar en la política, Pilarte afirma que aún no ha decidido si aspirará a un nuevo período. Menciona que su familia y ella están esperando la decisión del Tribunal Superior Electoral, y si obtienen la aprobación, la someterán al partido para su consideración. Si el partido está de acuerdo, seguirá adelante, de lo contrario, acatará su decisión.
Detalles sobre las acusaciones
El expediente en su contra alega que Pilarte forma parte de una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos, liderada por Pablo Antonio Martínez Javier, quien se encuentra prófugo. Se menciona el uso de empresas ficticias para encubrir el origen de fondos ilícitos y se vincula a Pilarte y a su familia con movimientos financieros sospechosos.
La diputada ha defendido sus ingresos, alegando que provienen del trabajo y sacrificio de su familia a lo largo de los años, y que el dinero que se menciona en el expediente es producto de una empresa familiar que ha crecido con el tiempo.
Medidas de coerción solicitadas
El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción contra Pilarte, incluyendo presentación periódica, una multa de 100 millones de pesos e impedimento de salida del país. La decisión sobre estas medidas recae en el juez Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia.
La diputada, mientras tanto, se mantiene firme en su defensa, alegando ser víctima de persecución política y reafirmando su inocencia ante las acusaciones en su contra.