Policía, militares y Ministerio Público ejecutan orden judicial en la caseta El Chiringuito, mientras afectados denuncian abuso de poder y parcialidad judicial.
Por John Santos
PUERTO PLATA.- Agentes policiales, militares y miembros del Ministerio Público realizaron la mañana de este viernes un desalojo en la caseta El Chiringuito, que alberga varios módulos en la avenida Gregorio Luperón (malecón de Puerto Plata). La acción se llevó a cabo en cumplimiento de varias sentencias emitidas por el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de Puerto Plata, Nassim Eduardo Ovalle.
El módulo en cuestión consta de cuatro locales y fue construido por el Gobierno a través del Ministerio de Turismo para ser entregado a comerciantes informales que operaban en el malecón antes de su remodelación en 2006, durante la gestión de Leonel Fernández. La obra tuvo un costo de RD$308 millones.
El desalojo afectó a varios propietarios, entre ellos Siria Castaño, Elías Rosario Belén y Patricia Batista Santos, quienes calificaron la medida como un abuso de poder.
Los reclamantes del espacio, y quienes obtuvieron varias sentencias a su favor, son los herederos de la señora Justina de los Santos. Según se informó, lograron obtener un título de propiedad tras deslindar el terreno, lo que incluso generó disputas legales entre ellos antes de concretar el desalojo de los ocupantes.
William García, abogado de Patricia de los Santos, explicó que la señora Justina de los Santos falleció diez días antes de conocerse la demanda. No obstante, el juez condenó tanto a la fallecida como a los demás ocupantes del módulo.
"Las sentencias que favorecen a la familia de Justina son referimientos, decisiones provisionales que buscan resolver un problema momentáneo hasta que se emita una sentencia definitiva", afirmó el abogado.
Los afectados apelaron estos referimientos, pero el juez Nassim Eduardo, a quien los desalojados acusan de actuar con parcialidad, negó la suspensión de la ejecución de la sentencia. Esto, a pesar de que aún existe un recurso abierto en el que participan los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, la Armada Dominicana, el Patronato del Malecón y los dueños de las casetas.
Según informaciones, la caseta en disputa se encuentra dentro de los 60 metros de pleamar.