Comerciantes del centro histórico de Santiago critican los desordenados operativos policiales en sus establecimientos, alegando impacto negativo en el comercio y cuestionando la actuación fuera de sus competencias.
Por John Santos
Santiago, República Dominicana.- En pleno corazón de Santiago de los Caballeros, una creciente tensión entre comerciantes y la Policía Nacional ha encendido el debate sobre los límites de la autoridad en los controles migratorios.
Desde el pasado 22 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las festividades navideñas, varios negocios del centro histórico han sido escenario de incursiones policiales en busca de haitianos en situación irregular. Estas acciones, según los propietarios, están ahuyentando a los clientes y dañando el comercio local.
Juan Francisco, propietario de la tienda suplidora Frank, ubicada estratégicamente en la intersección de las calles 30 de Marzo y Cucurullo, fue testigo directo de estos operativos. “Nosotros no estamos en contra de que las autoridades realicen su trabajo, pero lo están haciendo de manera desordenada dentro de la tienda, lo que nos atropella”, denunció con indignación.
El comerciante, visiblemente afectado por la situación, recordó que este no es un hecho aislado. Según él, la Policía Nacional ha asumido un rol que debería corresponder exclusivamente a la Dirección General de Migración (DGM). “Están actuando fuera de sus competencias, justificándose con el control migratorio, pero afectando nuestra actividad comercial. Mi tienda es un espacio privado y no debería convertirse en un campo de caos”, añadió.
El escenario no se limita a las tiendas. En las inmediaciones de una parada de autobuses cercana, que conecta con la frontera en Dajabón, cientos de haitianos intentaban abordar guaguas para regresar a su país, muchos de ellos de manera voluntaria. Sin embargo, las autoridades intervinieron con mano dura, forzando a algunos a subir a camiones, una medida que generó rechazo tanto entre los ciudadanos dominicanos como entre los propios haitianos.
“Ellos tienen derecho a regresar a Haití por su propia voluntad”, señaló un testigo que presenció el incidente. La escena reflejó un malestar generalizado que pone en cuestión no solo la eficacia, sino también el respeto a los derechos fundamentales en la aplicación de las políticas migratorias.
La situación, lejos de resolverse, abre un nuevo capítulo de debate en la relación entre las autoridades, los comerciantes y la población migrante en la región.
