Puigdemont retorna a Cataluña, denunciando la represión judicial española y reafirmando la continuidad del conflicto independentista. esquiva un arresto y regresa al exilio en Bélgica.
Por Jordi O. Folch
Puigdemont ha vuelto para dejar claro que la lucha por la independencia de Cataluña sigue viva. Desde 1714, España ha tratado a Cataluña como una colonia, sometiéndola a un expolio fiscal de 22.000 millones de euros anuales, equivalentes al 10% del PIB catalán, y perpetuando una actitud racista anti-catalana.
Esta situación ha perdurado hasta hoy, lo que refuerza la necesidad de la independencia de Catalunya. En 2017, se celebró un referéndum de autodeterminación que, tras la represión posterior, obligó al presidente Puigdemont a exiliarse en Bélgica durante siete años.
Este año, debido a la necesidad del presidente Pedro Sánchez de contar con los votos del partido de Puigdemont, Junts, se aprobó el 10 de junio una ley de amnistía que debía poner fin a la represión, incluyendo la del presidente Puigdemont. Durante las elecciones catalanas del 12 de mayo, Puigdemont anunció que regresaría a Catalunya para participar en la investidura del futuro presidente del gobierno catalán.
La represión ha logrado que ERC, otro gran partido independentista, abandonara la confrontación para pacificar el país, lo que ha resultado en una significativa pérdida de apoyo entre los independentistas más activos y exigentes. La CUP, otro partido independentista, también ha visto disminuida su base de votantes en este panorama confuso. En las últimas elecciones al gobierno catalán, Puigdemont no pudo hacer campaña en Catalunya debido a la represión, viéndose obligado a realizarla desde la distancia por internet y sin participar en debates televisivos. Este contexto anormal ha contribuido a la pérdida de la mayoría absoluta del independentismo, que había mantenido durante los últimos doce años.
El PSC, un partido anti-independentista y miembro del partido del presidente español Sánchez, ganó las elecciones pero necesitaba los votos de ERC para alcanzar la mayoría absoluta. ERC, para evitar nuevas elecciones que podrían haber disminuido aún más su apoyo, accedió a proporcionar sus votos al PSC, permitiendo su gobierno en Catalunya a cambio de una hipotética soberanía fiscal para Catalunya, una promesa que todos saben que no se cumplirá, ya que contraviene el expolio fiscal que fundamenta la relación entre España y Cataluña.
Sin embargo, los jueces españoles, en continuidad con la "lawfare" utilizada contra los independentistas catalanes, se niegan a aplicar la ley de amnistía aprobada por el Congreso español, demostrando descaradamente un uso indebido de la justicia con fines políticos. A pesar de todo esto, ahora que Puigdemont ha sido elegido como diputado del segundo partido más votado en el Parlamento catalán, anunció que, como había prometido, regresaría el día de la investidura, el 8 de agosto. Los jueces instruyeron a la policía catalana, bajo el mando de ERC, que desplegó un impresionante dispositivo policial para impedir que Puigdemont pudiera entrar en el Parlament.
Ante la multitud que se congregó frente al parque del Parlament para recibirlo, el presidente Puigdemont pronunció un discurso en el que dejó claro que los jueces estaban incumpliendo la ley, que el conflicto entre Cataluña y España no había desaparecido, y que los catalanes seguimos exigiendo la independencia de Catalunya. Al finalizar el discurso, Puigdemont desapareció entre la multitud, evadiendo a la policía.
Esta, amenazada por los jueces, activó la Operación Jaula, cortando el tráfico en todas las carreteras de Catalunya en una auténtica caza al hombre, un operativo que solo se había utilizado contra los terroristas islamistas que atentaron en Barcelona el 17 de agosto de 2017. Ahora, lo utilizaban para arrestar a un diputado, elegido por 700.000 catalanes, acusado de malversación, y acusado fraudulentamente por los mismos jueces que ahora se niegan a aplicar la ley de amnistía aprobada por el Congreso español precisamente para detener su persecución judicial. Sería inexplicable, si no fuera porque Puigdemont y los independentistas catalanes son considerados el enemigo número uno de España.
El presidente Puigdemont ha sorteado todo el sistema policial y ya ha regresado a su exilio en Bélgica, dejando en evidencia el abuso inadmisible que están cometiendo los jueces, con su insubordinación e intromisión en la política desde el estamento judicial. Pero nadie los critica en España, ni nadie parece dispuesto a actuar.
Queda por ver si Junts retirará su apoyo al gobierno español, desestabilizándolo. Por el momento, la desafiante aparición del presidente Puigdemont en Barcelona ha servido para que la gran prensa mundial volviera a situar el problema catalán en las portadas, dejando claro que el conflicto continúa y que no habrá solución política hasta que el encaje internacional de Cataluña sea decidido por los propios catalanes.
