Ministerio Público La Vega recuperó vehículos chatarras y arma de fuego

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Ministerio Público La Vega recuperó vehículos chatarras

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa jurisdicción solicitó la declaratoria de complejidad del proceso y la imposición de prisión preventiva contra cinco personas involucradas en la acción delictiva, quienes, por la gravedad de los hechos, pueden enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.

LA VEGA, República Dominicana.- El Ministerio Público recuperó varios vehículos chatarras y un arma de fuego que se encontraban en custodia de la Fiscalía de este distrito judicial bajo la modalidad de evidencia materiales de procesos penales.

Explicó la institución a través de un comunicado de prensa que por este caso resultaron apresados mediante orden judicial Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán y su hermano Aleudy Cabrera Escarramán.

Además Gilberto Manuel Burgos, José Aníbal Abreu y Wilson Rafael Vargas Rosa contra los cuales se solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja por la gravedad de los hechos y la pluralidad de imputados.

Con relación a los hermanos Cabrera Escarramán y los imputados Burgos y Abreu el Ministerio Público indicó que fueron apresados este fin de semana y sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, estando a la espera de que el tribunal fije la fecha de la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva.

Someten imputados

Señaló la institución que el grupo fue sometido a la justicia en adición al proceso seguido en el caso del encartado Wilson Rafael Vargas Rosa, quien arrestado el pasado 21 de julio y presentado ante dicho tribunal, pero aplazada la audiencia para el conocimiento de la medida cautelar, igualmente, consistente en prisión preventiva, para el próximo miércoles 29 de julio.

Al ofrecer los detalles del caso, la institución del sistema de justicia indicó que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, quien se desempeñaba como coordinadora de la Fiscalía de La Vega, aprovechó la reducción de empleados en ese órgano del Ministerio Público para cometer los hechos.

Cabrera Escarramán habría sustraído varios vehículos chatarras y armas de fuego correspondientes a evidencias por los referidos procesos penales.       

En el transcurso de la investigación se ha establecido que Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán habría vendido los vehículos a Wilson Rafael Vargas Rosa, esto con ayuda de su hermano Aleudy Rafael Cabrera y que de igual forma, con asistencia y ayuda de Wilson Vargas, habían sustraído de la Oficina de Control de Evidencia varias armas de fuego.     

Asimismo, se ha establecido que el imputado Gilberto Manuel Burgos, quien admitió su participación en el hecho delictivo, fungía como intermediario en la venta de armas de fuego, acciones cometidas conjuntamente con los encartados Wilson Rafael Vargas Rosa y José Aníbal Abreu, éste último quien habría comprado la cantidad de 10 armas de fuego procedentes del robo practicado en la Fiscalía de La Vega por la suma de 85 mil pesos.

El comunicado divulgado por el órgano de justicia detalla que durante las pesquisas han sido realizados varios allanamientos en residencias y otras propiedades de los imputados con autorización judicial en el transcurso de los cuales fueron recuperados cuatro vehículos.

Vehículos recuperados por el ministerio público

Entre los vehículos recuperados figuran yipetas y furgonetas, sustraídos de un depósito de almacén fuera de las instalaciones de la Fiscalía de La Vega, así como una pistola marca Bersa, una caja de cápsulas y cargadores robados de la Oficina de Control de Evidencias de esa dependencia.

Asimismo, la institución del sistema de justicia indicó que en el transcurso de esos allanamientos confiscaron dinero en pesos y dólares, siete relojes de diversas marcas y otras joyas.

También varias tarjetas de crédito de diferentes bancos y documentos personales, además de decenas de celulares y otros aparatos electrónicos, entre otros objetos.

El Ministerio Público dijo que profundiza las investigaciones, al tiempo de informar que contra los imputados han obtenido diferentes evidencias documentales, materiales, testimoniales e ilustrativas vinculantes al condenable hecho delictivo.

Sostuvo que, por el entramado criminal, el caso debe ser declarado complejo y enviar a prisión por un período de dieciocho meses a los imputados en virtud de la evidente existencia del peligro de fuga.

Todo ello representa un caso complejo porque resulta la única medida que garantiza la presencia de los imputados a todos los actos del proceso y que los mismos no distraigan evidencias y bienes producto del delito.

Señaló que al grupo se le atribuye la comisión del tipo penal de asociación de malhechores, robo agravado y tráfico de armas en varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, lo cual podría implicar una sanción de hasta 20 años de prisión.

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