El parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, un lugar asociado con la búsqueda de protección legal y la resolución de conflictos, fue el escenario final de una persecución que terminó con la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, un conductor de un camión recolector de basura de 41 años.
Meses después del crimen, Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Macho” y señalado como principal sospechoso, llegó este martes a República Dominicana para enfrentar el proceso judicial relacionado con el caso.
Metz Cruz arribó por el Aeropuerto Internacional de Las Américas-José Francisco Peña Gómez, desde donde fue trasladado a Santiago. Había permanecido detenido en Jamaica, adonde presuntamente se marchó después del ataque ocurrido en abril.
La investigación apunta a una secuencia que comenzó en la avenida Circunvalación Sur, en el ensanche Bermúdez. De acuerdo con las informaciones disponibles, varios motoristas habrían intentado detener el camión conducido por Abreu Quezada.
Ante la actitud que habría percibido como violenta, el conductor siguió su camino. Lo que vino después, según la reconstrucción del hecho, fue una persecución que se extendió durante varios kilómetros.
El recorrido terminó en el parqueo del Palacio de Justicia, adonde Abreu Quezada habría llegado buscando refugio. Allí, el grupo presuntamente lo alcanzó y lo atacó a golpes y con un arma blanca.
El conductor murió a consecuencia de las heridas.
Un proceso que busca establecer responsabilidades
Por la muerte de Abreu Quezada, siete personas cumplen prisión preventiva. La llegada de Metz Cruz incorpora al proceso a quien las autoridades señalan como el principal sospechoso, aunque su responsabilidad penal deberá establecerse en los tribunales.
El expediente tiene, además, otra dimensión: a Metz Cruz se le atribuye un proceso judicial distinto por una presunta agresión con armas de fuego contra un miembro de la Policía Nacional. Según la información suministrada, figuraba en rebeldía en ese caso por no comparecer ante la Justicia.
Ahora corresponderá a las autoridades judiciales dominicanas realizar las diligencias pertinentes, incluidos los interrogatorios y el sometimiento ante el tribunal competente, para determinar las medidas procesales aplicables.
La investigación deberá precisar el papel de cada uno de los presuntos implicados en un episodio cuya violencia, ocurrida en las inmediaciones de una institución judicial, conmocionó a la comunidad de Santiago.