El Gobierno aprobó este martes mediante decreto 787-26 el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana. Este instrumento pionero convierte al Estado dominicano en un referente regional en la adopción responsable, segura, inclusiva y transparente de tecnologías emergentes.
Esta política, estructurada a través de un riguroso proceso participativo y multisectorial liderado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), cuenta con el apoyo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGEP) y está en consonancia con las normas de la UNESCO y la OCDE.
Pilares políticos y medidas de protección de alto impacto
El nuevo Código de Ética introduce normas prácticas de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada. Sus disposiciones más importantes incluyen:
Evaluaciones de Impacto Ético y en los Derechos (EITD): Cualquier sistema de inteligencia artificial clasificado como de alto impacto —es decir, que afecte al acceso a los derechos, a las prestaciones sociales o a los poderes punitivos— debe someterse a una evaluación rigurosa y contar con la aprobación del organismo supervisor antes de su puesta en producción.
Transparencia algorítmica y derecho de revisión: Los ciudadanos tendrán derecho a saber con claridad cuándo un procedimiento o decisión administrativa se ha basado en inteligencia artificial. Asimismo, se establecen canales para solicitar explicaciones comprensibles y activar mecanismos de revisión humana.
Usos estrictamente prohibidos: La ley combina los derechos de los ciudadanos al prohibir absolutamente el miedo o la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin una orden judicial, la elaboración de perfiles criminales predictivos basados en sesgos territoriales o socioeconómicos, la automatización de las sentencias penales y las armas autónomas.
Mayor protección para los niños: Se establece una presunción de riesgo reforzada contra cualquier sistema automatizado destinado a niños y adolescentes, prohibiendo categóricamente el uso de IA que genere o distribuya contenido dañino, abusivo o discriminatorio contra este sector de la población.
Soberanía digital y criterios de contratación: Las instituciones públicas exigirán a sus proveedores que garanticen la trazabilidad, la ciberseguridad y el control soberano de los datos dominicanos, evitando la adquisición de sistemas de «caja negra» que no puedan ser auditados por el Estado.
Gobernanza, control y plazos para la adaptación
El decreto prevé la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y coordinador integrado por instituciones estatales clave y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, lo que garantiza el escrutinio social continuo y la participación de la academia y la sociedad civil.
Finalmente, la legislación prevé un período transitorio de 180 días naturales para que las entidades públicas adapten sus procesos internos, registren los sistemas tecnológicos en funcionamiento, designen a los funcionarios responsables e implementen las medidas necesarias para llevar a cabo de manera efectiva este compromiso histórico con la transformación ética digital.