El lunes pasado, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, aceptó completamente la acusación presentada por el Ministerio Público contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, quien está siendo procesada en una jurisdicción privilegiada debido a su condición de diputada. La acusación se basa en cargos de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Cuando se le preguntó sobre la decisión del tribunal, el procurador adjunto Pedro Amador declaró: "Respetamos plenamente la decisión del juez que revisó nuestra solicitud de apertura a juicio. Sin embargo, el juez excluyó varias pruebas presentadas por el Ministerio Público, que intentaremos subsanar siguiendo las disposiciones del artículo 305″.
Amador agregó: "Específicamente, nos referimos a una prueba relacionada con un allanamiento realizado en la jurisdicción de La Vega en 2019. Este allanamiento es de gran importancia en nuestro caso, ya que involucra la ocupación de una gran cantidad de éxtasis, aproximadamente 111,725 pastillas, en la República Dominicana y otros países de la región. Vamos a trabajar en la reevaluación de la pertinencia, utilidad, relevancia y, sobre todo, legalidad de esta acción".
El procurador explicó que el juez excluyó esta prueba en particular porque el Ministerio Público realizó una primera incursión en la vivienda en cuestión, se retiró y luego regresó después de unas horas al darse cuenta de la presencia de otros elementos de prueba en el lugar.
Amador señaló: "El juez consideró que el Ministerio Público debió obtener una nueva autorización judicial para ingresar a la vivienda en esta segunda incursión".
Respecto a la devolución del pasaporte a la acusada, Amador comentó: "Consideramos que esta decisión es absolutamente desproporcionada. Aunque respetamos la decisión del juez, no estamos de acuerdo en absoluto. Creemos que debería haberse impuesto una medida de coerción a la diputada, dada la gravedad de los cargos".
Amador agregó: "Con la acusación presentada y la responsabilidad atribuida a la acusada, hay suficientes razones para imponer una medida de coerción, tal como lo establece el artículo 229 del Código Procesal Penal. Además, es importante recordar que todos los demás miembros de su familia directa también enfrentan acusaciones y audiencias en La Vega".
Con respecto a los bienes incautados, Amador señaló que la cantidad de dinero colocada en las cuentas de la acusada asciende a 4,451 millones de pesos, únicamente relacionados con ella.
El inicio del juicio será determinado por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que será la encargada de su conocimiento.
En la audiencia, Pedro Amador representó al Ministerio Público junto al procurador general de Corte de Apelación Pelagio Alcántara Sánchez.
Rosa Amalia Pilarte ha sido identificada como parte de una red dirigida por su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), y Pablo Antonio Martínez Javier, quien también está acusado y ha sido deportado y declarado en rebeldía. Ambos son acusados de liderar esta organización criminal.
El tribunal ha dictado auto de apertura a juicio contra Pilarte por la violación de varios artículos de la Ley 155 de 2017, relacionados con el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana, así como los artículos de la Ley 72 del 2002, vinculados al Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
