En un giro importante del caso de fraude societario relacionado con la compañía Costa Dorada, las empresas Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S. R. L., Grand Cays Corporation y Okra Company Ltd., que actúan como partes querellantes en el proceso penal, han presentado una solicitud urgente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de España.
A través de un escrito presentado en la secretaría general de la alta corte, han instado a que se tome una decisión lo más pronto posible respecto a la recusación presentada por la defensa del abogado Rafael Olegario Helena Regalado contra los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Estos jueces son responsables de conocer los recursos de apelación presentados tanto por el ministerio público como por las mencionadas empresas, en contra de las decisiones incidentales del juez de la audiencia preliminar. Dichas decisiones excluyeron a las partes querellantes, a una imputada y a la mayoría de los elementos de prueba de la acusación.
En su comunicado, firmado por sus abogados, los licenciados Juan Tomás Vargas Decamps, Manuel Sierra Pérez, Ignacio A. Miranda Cubilette, Addy Manuel Tapia De la Cruz y la doctora Laura Acosta Lora, las partes querellantes han expresado su creciente preocupación por la prolongada demora de la Suprema Corte de Justicia en tomar una decisión sobre la recusación de los jueces de la Primera Sala. Argumentan que la ley estipula un plazo máximo de 3 días para resolver el incidente de recusación, y que en este caso, han transcurrido 6 semanas sin que se haya emitido una resolución, superando en diez ocasiones el límite legal establecido.
Además, han planteado la posibilidad de que la recusación y su tramitación sean una estrategia para retrasar deliberadamente el proceso de los recursos de apelación presentados, con el fin de alargar indefinidamente el caso. Afirmaron que esta maniobra afectaría tanto al ministerio público como a las partes querellantes, quienes actúan como acusadoras particulares y demandantes civiles en contra de las mencionadas decisiones incidentales que recortaron significativamente el proceso y eliminaron elementos de prueba esenciales.
La recusación en contra de los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los magistrados Doris Josefina Pujols Ortiz, Carmen Mancebo, Ramona Rodríguez López, Rafael Báez García y Daisy Indhira Montás, fue presentada por el licenciado Rodolfo Felipe Rodríguez, abogado de la defensa de Rafael Olegario Helena Regalado el 1° de agosto.
Este caso ha mantenido la atención pública debido a las acusaciones contra Rafael Olegario Helena Regalado y otros acusados por falsificar documentos corporativos relacionados con Costa Dorada, S. A., con el objetivo de despojar a los verdaderos socios de la empresa y apoderarse de un valioso terreno costero de más de 6 millones de metros cuadrados en la Bahía de Las Calderas. Las partes querellantes continúan buscando una pronta resolución en este proceso crucial.
Adicionalmente, en el mismo documento, las empresas querellantes han solicitado que la magistrada María Garabito Ramírez, jueza de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se abstenga de participar en las discusiones y decisiones relacionadas con el caso, argumentando un parentesco con una de las imputadas, la señora Ailec Paloma Soto Garabito, de quien se alega que es sobrina de la magistrada Garabito.
