Por Carlos Gómez
SANTIAGO, República Dominicana — En las calles del norte dominicano, una misma narrativa oficial volvió a repetirse tres veces en menos de 24 horas: la localización de un sospechoso, un presunto enfrentamiento a tiros y un desenlace mortal. Para las comunidades de Cienfuegos, Pastor Bella Vista y Villa Vásquez, las 24 horas consignadas en los reportes policiales no representan hechos aislados, sino la ratificación de un método operativo que con frecuencia clausura el debido proceso en la vía pública.
La secuencia comenzó en Santiago Oeste con la muerte de Jesús Alberto Aracena Castillo, catalogado por la institución como uno de los fugitivos más buscados de la zona. Se extendió luego hacia Pastor Bella Vista con el impacto mortal sufrido por José Ignacio Rodríguez, y culminó en Villa Vásquez, provincia Montecristi, con el deceso de Cristhofer Carlos Belliard. Sin embargo, en este último caso la escena no quedó únicamente bajo el dominio del relato policial: una cámara de seguridad captó el momento exacto de la intervención, aportando un elemento audiovisual clave en medio del hermetismo habitual.
A pesar de la gravedad de los saldos mortales, los informes suministrados por la Policía Nacional mantienen omisiones decisivas. La institución no ha detallado la recuperación de armas de fuego en ninguna de las tres escenas del crimen, ni ha reportado agentes heridos durante los supuestos tiroteos. Tampoco se ha especificado si los efectivos actuantes enfrentan auditorías internas para determinar si la fuerza aplicada respondió a criterios de proporcionalidad.
El esclarecimiento definitivo de estos hechos dependerá de la preservación de la evidencia física y del análisis de las grabaciones disponibles. En un contexto institucional donde la frontera entre la legítima defensa y el uso excesivo de la fuerza suele ser difusa en los comunicados oficiales, la divulgación transparente de las pruebas resultará determinante para establecer las responsabilidades penales correspondientes.