El desalojo de Playa Sosúa enfrenta al Gobierno y a los caseteros

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El Ministerio de Turismo inició esta mañana el derribo de casetas en los alrededores de la playa de Sosúa, Puerto Plata. Foto )Hugo Gomez)

El Ministerio de Turismo avanza en la reordenación de Playa Sosúa con demoliciones y compensaciones. Los comerciantes denuncian incumplimientos y acusan al ministro David Collado de favorecer intereses privados.

Las autoridades dominicanas llevaron a cabo este miércoles el desalojo de los caseteros en Playa Sosúa, Puerto Plata, como parte de un ambicioso proyecto de reordenamiento liderado por el Ministerio de Turismo. La intervención busca recuperar el espacio costero, promover el turismo y garantizar la sostenibilidad de la zona, según un comunicado oficial.

El periodista Hugo Gómez informó que la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), respaldada por fuerzas del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), la Armada Dominicana, la Policía Nacional y otros organismos, demolió unas 30 casetas vacías situadas dentro de los 60 metros de zona restringida.

El proyecto, iniciado el pasado 24 de julio, contempla la reubicación de los comerciantes en dos nuevas plazas comerciales, así como indemnizaciones económicas para aquellos que optaron por no continuar en la zona. Hasta la fecha, se han asignado más de 30 locales y entregado 20 compensaciones económicas. Las autoridades subrayan que este plan busca “conservar y revitalizar la costa, dinamizar el turismo y generar mayores ingresos para los residentes”.

Sin embargo, los comerciantes desalojados expresaron su descontento. José Manuel González, secretario general de la Asociación de Propietarios de Casetas de Playa Sosúa, calificó el desalojo como un “atropello” y acusó al ministro de Turismo, David Collado, de incumplir promesas hechas en reuniones previas.

Según González, Collado aseguró que se construirían tres plazas para reubicar a los comerciantes, pero solo se han erigido dos, beneficiando presuntamente a un empresario con intereses en un terreno próximo. “Esto afecta a más de 300 familias que han trabajado en esta playa durante más de 40 años”, denunció el dirigente.

Los afectados han anunciado que se reunirán en las próximas horas para evaluar las acciones a seguir, mientras el Gobierno defiende su iniciativa como clave para preservar y revitalizar uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la región.

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