Por John Santos
Mao, República Dominicana. La instalación de cámaras de seguridad en el Hospital Luis E. L. Bogaert, ubicado en Mao, provincia Valverde, ha desatado un conflicto que ahora ha llegado al ámbito judicial.
La medida, implementada como parte de un plan para reforzar la seguridad en el centro médico, ha sido rechazada tajantemente por los cirujanos que trabajan en el hospital, quienes alegan que vulnera su privacidad y la de sus pacientes.
En este contexto, la Fiscalía de Valverde, liderada por el procurador fiscal Joel Evangelista, ha citado a tres altos funcionarios del sistema de salud para una vista conciliatoria pautada para el próximo 16 de diciembre a las 10:00 de la mañana. Los convocados son el doctor Mario Lama, titular del Servicio Nacional de Salud (SNS); el doctor Newton Solano, director del Hospital Luis E. L. Bogaert; y el doctor Ramón Rodríguez, director regional de salud.
El fiscal ha dejado claro que la citación es de carácter obligatorio. En su comunicación, advirtió que, de no comparecer a la audiencia, se procederá a solicitar al juez de la Instrucción una orden de arresto en contra de los médicos citados. Aunque la convocatoria tiene como objetivo buscar una solución amigable al conflicto, la posibilidad de medidas coercitivas pone de relieve la gravedad de la situación.
Rechazo de los cirujanos
El punto de discordia radica en que las cámaras fueron instaladas en áreas clave del hospital sin el consentimiento del personal médico, lo que ha generado una fuerte oposición, especialmente por parte de los cirujanos. Estos profesionales argumentan que las cámaras atentan contra la confidencialidad de las cirugías y la privacidad de los pacientes, lo que podría violar normativas éticas y legales.
Además, se teme que la medida pueda ser utilizada con otros fines, como la vigilancia indebida de las actividades del personal médico, lo que ha intensificado las tensiones dentro del hospital. Hasta el momento, los cirujanos no han emitido declaraciones oficiales, pero su rechazo ha sido evidente en varias instancias.
Postura de las autoridades de salud
Aunque las autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS) y de la dirección regional de salud no han ofrecido declaraciones públicas sobre el tema, la instalación de cámaras en hospitales se enmarca dentro de un plan más amplio para mejorar la seguridad en los centros de salud públicos. Este plan responde a preocupaciones sobre robos, incidentes de violencia y otros problemas de seguridad registrados en diversas instituciones del sistema.
No obstante, el conflicto en Mao subraya la necesidad de un mayor diálogo entre las autoridades y el personal médico para garantizar que las medidas implementadas no vulneren derechos fundamentales ni obstaculicen el trabajo de los profesionales de la salud.
Expectativa ante la audiencia
La citación del 16 de diciembre será clave para definir el rumbo de este conflicto. Si bien la Fiscalía ha indicado que la audiencia tiene un carácter conciliatorio, el tono firme del fiscal Joel Evangelista respecto a la posibilidad de órdenes de arresto deja entrever la urgencia de resolver el tema de manera inmediata.
Este caso pone en el centro del debate la convivencia entre las necesidades de seguridad en los espacios públicos y el respeto a los derechos de privacidad, especialmente en contextos tan delicados como el de la salud.
