Los procuradores adjuntos pedirán que el caso sea declarado complejo y que se envíe a prisión preventiva a los imputados
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – Los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso encabezarán la barra de fiscales que representará al Ministerio Público en el conocimiento de la medida de coerción del proceso por corrupción derivado de la Operación Anti Pulpo.
En su condición de directora general de Persecución del Ministerio Público y de titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Reynoso y Camacho dirigen el proceso investigativo que ha dado con un entramado de corrupción administrativa que permitió a exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros enriquecerse con base en sus vínculos con el poder político.
La audiencia para conocer la medida se desarrollará este domingo a las 10:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Asimismo los representantes del órgano de justicia plantean que las evidencias recolectadas por un equipo de 50 fiscales y técnicos, obtenidas en múltiples pesquisas, allanamientos e interrogatorios, serán suficientes para que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional decida declarar el caso complejo y envíe a prisión preventiva a los 10 detenidos hasta el momento.
La Pepca presentó el domingo 29 de noviembre, ante un juez de instrucción, el expediente de la denominada “Operación Anti Pulpo”, que llevó a desarticular un entramado de corrupción en el que están incluidos los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez (quien encabeza el expediente) y Carmen Magalys Medina Sánchez.
Junto a los hermanos Medina Sánchez, en el caso figuran Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andujar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
El juez José Alejandro Vargas fijó para las 10:00 de la mañana del domingo el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.