Gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader logra exclusión del país del Informe Especial 301 gracias a medidas contra piratería y liderazgo del Ministerio de Industria.
Santo Domingo, Distrito Nacional.- Por primera vez desde 1996, Estados Unidos (EE. UU.) sacó a República Dominicana de la lista de observación del Informe Especial 301 sobre Propiedad Intelectual gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader en contra de la piratería.
La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, sigla en inglés) excluyó al país de este ranking negativo por las mejoras alcanzadas en la protección al derecho de propiedad intelectual durante la presente gestión.
Esta conquista se produjo gracias al liderazgo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), bajo las directrices de su titular Víctor Bisonó, a través del Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI). El funcionario saludó la decisión de la USTR, la cual reconoce el compromiso del Gobierno dominicano en esta materia.
“Desde el MICM trabajamos sin pausas en la coordinación de políticas públicas tendentes a preservar la propiedad intelectual como forma de promover el conocimiento, la innovación y el desarrollo económico y social de la República Dominicana”, indicó el ministro.
Agregó que “el conjunto de acciones implementadas por todas las instancias del Estado vinculadas a difundir, preservar y perseguir las violaciones a los derechos de propiedad intelectual ha dado resultados excelentes para nuestro país. Desde la lucha contra los ilícitos, la piratería de señal, afectación a los derechos de autor, así como el fortalecimiento de las instituciones del Estado, a través del CIPI”.
¿Qué es el Informe 301? El Informe 301 sobre Propiedad Intelectual es publicado por el USTR, producto de una revisión anual, por mandato del Congreso de EE. UU., del estado mundial de la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual.
Sobre el CIPI El Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI), fue creado mediante el decreto 776-22 del 30 de diciembre de 2022, impulsado por el MICM junto a la Procuraduría General de la República (PGR). Su misión es diseñar y coordinar los criterios de actuación de instituciones claves en materia de promoción, protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Este órgano está compuesto por diversas entidades gubernamentales, y trabaja en el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de procedimientos de coordinación interinstitucional.