La Vega.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica y presentación periódica a los hermanos Franklin José Almánzar Escarramán y William Radhamés Almánzar Escarramán, quienes son investigados por el Ministerio Público por presunto ejercicio ilegal de la odontología y complicidad, tras un caso que dejó a una paciente con lesiones permanentes.
La jueza Adaías Sánchez Collado dispuso que Franklin José Almánzar Escarramán pague una garantía económica de RD$75,000 en efectivo, mientras que a William Radhamés Almánzar Escarramán le fue impuesta una garantía de RD$20,000, además de presentación periódica durante seis meses ante el Ministerio Público.
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La titular de la Fiscalía de La Vega, Aura Luz García Martínez, destacó que el tribunal encontró méritos suficientes en la imputación presentada por el Ministerio Público para imponer las medidas de coerción.
De acuerdo con la investigación, el pasado 17 de enero una mujer acudió al consultorio ubicado en el Centro Médico V Centenario, en La Vega, para someterse a la extracción de cuatro terceros molares.
Según el expediente, el procedimiento fue realizado por Franklin José Almánzar Escarramán, quien presuntamente ejercía la odontología sin contar con el exequátur requerido por la ley, utilizando el consultorio de su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán.
El Ministerio Público sostiene que la intervención se prolongó por aproximadamente cuatro horas y que, durante el procedimiento, la paciente presentó fuertes dolores y complicaciones que posteriormente motivaron consultas con otros especialistas.
Las evaluaciones médicas posteriores determinaron que la mujer sufrió lesiones permanentes, entre ellas atrofia de nervios, edema facial moderado, parestesia mandibular derecha, trismo, alveolitis y otras complicaciones, de acuerdo con una certificación médica incorporada al expediente.
La investigación también establece que Franklin José Almánzar Escarramán no posee exequátur, según una certificación emitida por el Ministerio de Salud Pública, documento que forma parte de las evidencias recopiladas por el órgano acusador.
El Ministerio Público indicó que las actuaciones atribuidas a los imputados habrían violado disposiciones de la Ley General de Salud (42-01), la Ley 63-18, que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos, así como varios artículos del Código Penal Dominicano.
Los hermanos fueron arrestados la pasada semana mediante una orden judicial, luego de entregarse de forma voluntaria ante la Subdirección Regional de la Policía Nacional en La Vega.
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El proceso continuará en la fase de investigación, mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias para determinar las responsabilidades penales correspondientes.