Jueza de San Francisco de Macorís rechaza acusaciones contra periodista Olivo de León

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Olivo de León

Polémica y retaliación: Las alegaciones de De León sobre una posible represalia por exigir el cumplimiento de normativas ambientales plantean interrogantes sobre la independencia de la justicia en casos sensibles.

Diario Cibao

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- La jueza del Primer Tribunal de la Instrucción de San Francisco de Macorís ha rechazado las acusaciones presentadas por el Departamento de Duarte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contra el periodista Olivo De León.

Al fundamentar su decisión, la magistrada destacó la insuficiencia de pruebas presentadas por el Ministerio Público de Medio Ambiente, señalando que las pruebas carecían de precisión y estaban plagadas de contradicciones. En su declaración, la jueza resaltó la importancia de que las acusaciones sean claras y respaldadas por pruebas contundentes, lo cual no se cumplió en este caso.

Durante la audiencia, la defensa del periodista, respaldada por documentos de alquiler del solar en cuestión, desmontó las acusaciones presentadas por la procuraduría de Medio Ambiente, argumentando que De León no era responsable de las supuestas infracciones ambientales.

La magistrada elogió la habilidad legal del propio De León, quien se defendió con maestría durante el proceso, e incluso le preguntó si era abogado debido a su dominio del escenario y del marco legal. Ante esto, De León respondió con modestia que solo sabía leer.

El caso había generado polémica, ya que De León alegó que las acusaciones en su contra eran una represalia por parte de la procuraduría de Medio Ambiente, después de que él y su equipo del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) exigieran el cumplimiento de normativas ambientales a quienes estaban desarrollando actividades comerciales en la zona.

De acogerse las acusaciones, De León argumentó que se estarían vulnerando diversos artículos de la Constitución dominicana, así como leyes nacionales e internacionales relacionadas con los derechos humanos y la protección ambiental.

Esta decisión judicial marca un precedente significativo en los casos relacionados con el medio ambiente y la libertad de prensa en la República Dominicana, subrayando la importancia de un debido proceso y la presentación de pruebas sólidas antes de proceder con acusaciones formales.

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