Familias del distrito municipal de Tavera, en la provincia La Vega, solicitaron de manera urgente al vocal distrital Franklin Batista que se abstenga de gestionar la apertura de un camino cuya ejecución —aseguran— afectaría predios privados en las inmediaciones de la Presa de Tavera.
Los denunciantes sostienen que las gestiones para habilitar la vía beneficiaría de forma directa al padre del vocal, a un tío y a otros parientes cuyos terrenos colindan con las propiedades que resultarían perjudicadas. Según indicaron, algunos de esos parientes mantienen una litis en curso con los afectados ante el Tribunal de Tierras de La Vega, por lo que demandaron que cualquier actuación espere la resolución judicial.
Igualmente solicitaron, de manera respetuosa, al director de la Junta Distrital de Tavera, Marino de Jesús Abreu, que preserve la transparencia de la institución edilicia, ejerciendo su autoridad y liderazgo político para impedir la apertura de un camino dentro de una propiedad privada que siempre ha estado cercada.
Asimismo, los moradores señalaron que la supuesta vía también favorecería al secretario general del PRM en Tavera, Claudio Genao; al dirigente partidario Domingo Antonio Genao; y al prestamista Víctor Manuel Genao. Los denunciantes insistieron en que las gestiones de Franklin podrían configurar un conflicto de interés y contravenir la normativa que regula la conducta de funcionarios.
Recordaron que las actuaciones de los funcionarios electos —incluidos vocales y directores distritales— están sometidas a los controles previstos en la Ley 176-07, creada para garantizar la transparencia y prevenir abusos de poder. En ese marco, advirtieron que cualquier decisión que busque un beneficio privado atentaría contra la legalidad y la equidad del proceso.
Los vecinos enfatizaron que los parientes del vocal disponen de al menos dos vías alternativas que satisfacen sus necesidades de tránsito, por lo que no existe justificación para afectar terrenos privados ni para interferir con el trámite judicial en curso. Además, explicaron que una de las fincas implicadas —ubicada en el distrito catastral 32— permanece en litis y en proceso de saneamiento ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Originaria de La Vega.
Adujeron que intervenir la zona antes de la resolución definitiva podría distorsionar el resultado del litigio. También denunciaron la ausencia de un estudio de impacto ambiental por parte de las autoridades del Distrito Tavera, lo que —a su juicio— representa un riesgo por la cercanía de la obra proyectada a la Presa de Tavera, área de alta sensibilidad ambiental.
La segunda audiencia del caso está programada para el 20 de febrero en el referido Tribunal de Tierras. Los denunciantes afirmaron que darán seguimiento al proceso y exigirán el respeto a la legalidad y a la decisión judicial.