Denuncian red mafiosa con apoyo judicial y policial; exigen investigación de deslindes irregulares, títulos falsos y certificaciones dudosas en áreas protegidas
Puerto Plata, República Dominicana. – El empresario Elías Rosario, propietario del restaurante El Chiringuito del Malecón, se encadenó este lunes junto a otros comerciantes frente al Palacio de Justicia de Puerto Plata, en una enérgica protesta contra lo que denuncian como un fraude inmobiliario dirigido a despojarlos ilegalmente de sus propiedades.
Rosario exigió la retirada inmediata de varios agentes policiales apostados en su negocio, a quienes acusa de estar “pagados” por terceros con intereses en el inmueble. Según declaró, la presencia policial mantiene militarizado su establecimiento sin justificación legal.
El empresario solicitó al director de la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre el uso indebido de agentes del orden en actividades privadas. “En lugar de cuidar a la ciudadanía, algunos policías están cobrando para meterse en negocios ajenos”, denunció.
Durante la protesta, los manifestantes aseguraron que en Puerto Plata opera una red mafiosa dedicada a falsificar documentos y obtener títulos de propiedad fraudulentos, en complicidad con sectores del sistema judicial.
También pidieron investigar a fondo a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales en Santiago, señalada por aprobar deslindes irregulares en terrenos ubicados en áreas protegidas. Exigieron al Ministerio de Medio Ambiente esclarecer si se otorgó alguna certificación de No Objeción de forma ilegal o si, por el contrario, se está utilizando una certificación falsificada.
Además, solicitaron al Ministerio de Turismo y al Ayuntamiento de Puerto Plata que indaguen la presunta red mafiosa que, según denuncian, ha convertido a la ciudad en un foco constante de fraudes inmobiliarios.
Los empresarios advirtieron que la próxima semana se trasladarán a Santo Domingo para encadenarse frente a la Jurisdicción Inmobiliaria, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. Reclaman acciones concretas del administrador general de la Jurisdicción Inmobiliaria, alegando que en Puerto Plata “no hay seguridad jurídica” y que “operan bandas organizadas con saco, corbata y uniforme”.