En la segunda vuelta presidencial del 22 de junio de 2026, Abelardo De La Espriella —abogado, empresario y fundador del movimiento Defensores de la Patria— obtuvo 12.937.333 votos, equivalentes al 49,65% de los sufragios válidamente depositados, según el Avance 22 de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De La Espriella asumirá la Presidencia de la República el 7 de agosto de 2026, acompañado por el economista José Manuel Restrepo Abondano como vicepresidente, una dupla que combina experiencia jurídica y empresarial con trayectoria técnica en política económica y educativa.
La elección expresa un mandato ciudadano sobre prioridades concretas —seguridad, economía, salud y anticorrupción— que el sector tendrá que leer con precisión para anticipar la nueva arquitectura regulatoria e institucional del sistema.
El programa de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella parte de un diagnóstico preciso: Colombia enfrenta una crisis humanitaria en salud. Los datos del propio plan de campaña —denominado ‘Primeras 13 propuestas para reconstruir la Patria Milagro’— cuantifican la magnitud del problema: más de 1.039.606 reclamos ante Supersalud en el primer semestre de 2025, más de 312.000 tutelas en salud en el mismo año, una cartera hospitalaria que la ACHC estima en $24 billones, y cerca de 25 millones de colombianos afiliados a EPS en proceso de intervención. La Defensoría del Pueblo reportó 584 principios activos con problemas de entrega, con un 61% de pacientes que adquirieron sus medicamentos de su propio bolsillo. El programa registra 2.436 fallecimientos en 2025 asociados a barreras evitables en pacientes con enfermedades huérfanas.
Estas cifras configuran el marco desde el cual el nuevo gobierno leerá el sistema. El resultado tiene implicaciones concretas para los actores del sector: EPS, IPS, industria farmacéutica, entidades de vigilancia y control, y los propios pacientes enfrentarán una reorientación deliberada de las prioridades institucionales.
Las propuestas en salud del presidente electo: un mapa para el sector
La agenda de salud de Abelardo De La Espriella plantea cambios sustanciales que operan en al menos cinco dimensiones.
La propuesta central en financiamiento es la implementación de un plan de choque de diez billones de pesos para restablecer el flujo de recursos en el sistema. El programa plantea revisión trimestral obligatoria de la ejecución de la Unidad de Pago por Capitación por parte de cada EPS, con arbitraje directo de los recursos que ADRES haya administrado de forma ineficiente o irregular. Se plantea también revisar los ajustes realizados a la UPC que permitieron la desviación de recursos hacia propósitos distintos a la atención en salud.
Para el sector, este compromiso implica un endurecimiento de los mecanismos de seguimiento financiero y una reforma previsible a los esquemas de auditoría y habilitación de EPS. Las entidades con indicadores de riesgo elevado —medidos por el Índice de Riesgo de la Calidad de los Afiliados o con procesos de intervención activos— serán las primeras en enfrentar esta revisión.
| La revisión trimestral de la UPC y el arbitraje de recursos en ADRES representan el cambio más estructural en la relación Estado–EPS desde la crisis de solvencia de 2022–2025. El sector debe prepararse para esquemas de rendición de cuentas de mayor granularidad y frecuencia. |
El paciente en el centro: acceso a medicamentos y atención crónica
El programa establece de manera explícita que el paciente debe ser el centro del sistema. Las prioridades operativas incluyen la recuperación del acceso oportuno a medicamentos y tratamientos, la protección específica de pacientes con enfermedades crónicas y poblaciones vulnerables, y la fijación de tiempos máximos de atención para citas especializadas en EPS. Adicionalmente, se contempla la implementación de la salud a domicilio como modalidad de acceso complementaria.
El compromiso de retomar la política de presupuestos máximos y control de precios en tecnologías, medicamentos y dispositivos médicos tiene implicaciones directas para la industria farmacéutica y los fabricantes de tecnología sanitaria. Este punto es de alta relevancia para las empresas que actualmente negocian con el sistema bajo el marco de la Circular 022 de 2026 y sus antecedentes regulatorios. Las negociaciones de acceso y los análisis de impacto presupuestal mantendrán su centralidad estratégica.
| La reactivación de los presupuestos máximos como herramienta de control de precio es una señal de continuidad regulatoria en materia de tecnologías de alto costo. Las negociaciones de acceso y los análisis de impacto presupuestal mantendrán su centralidad estratégica. |
Fortalecimiento de la red hospitalaria y talento humano en salud
El plan de gobierno incluye el fortalecimiento de la red hospitalaria pública, con revisión de contratos de infraestructura en zonas con riesgo de corrupción o ineficiencia. Para las aseguradoras, la propuesta de topes máximos a costos de administración en las EPS introduce un requisito regulatorio sobre eficiencia operacional que las estructuras organizacionales deberán incorporar en sus modelos de gestión.
En talento humano, el presidente electo plantea una transición que preserve la continuidad de lo que funciona en el sistema y corrija los puntos de colapso. La formulación sugiere una revisión progresiva orientada a reducir la precarización laboral del personal de salud, con énfasis en dignificación de condiciones antes que en reestructuración abrupta de relaciones contractuales.
Anticorrupción en salud: Bloque sectorial y contratación pública
El programa compromete la creación de un Bloque Anticorrupción sectorial para revisar contratos asignados o no ejecutados en infraestructura en salud. Esto se enmarca en una agenda transversal que documenta 1.243 hechos de corrupción y estima en cincuenta billones anuales el costo fiscal de la corrupción en el Estado colombiano.
Para el sector salud, los contratos de obra, dotación y concesión quedarán bajo escrutinio reforzado. La propuesta de adoptar blockchain como estándar de contratación pública hacia 2030 abre un espacio de oportunidad para proveedores de tecnología e innovación que quieran posicionarse en el nuevo ciclo de digitalización del Estado.
Atención primaria, tecnología y medicina preventiva
El programa incluye el fortalecimiento de la medicina en atención primaria, promoción y prevención, con incorporación de tecnología a la gestión del sistema. La dirección es coherente con las tendencias post-pandemia en sistemas de salud: descompresión de la atención especializada, resolución en primer nivel y uso de datos para gestión de riesgo poblacional.
La modernización planteada para la DIAN con inteligencia artificial tiene un paralelo implícito en salud: el uso de tecnología para la identificación de ineficiencias, fraudes y desviaciones en la ejecución de la UPC. El sector puede anticipar mayor sofisticación en los cruces de información entre ADRES, Supersalud y la DIAN.
La diferencia entre la agenda de salud del presidente electo y la del gobierno saliente es fundamentalmente metodológica. El gobierno de Gustavo Petro orientó sus esfuerzos hacia una reforma estructural del modelo de aseguramiento, con la eliminación de las EPS como intermediarios financieros como objetivo central. El enfoque de Abelardo De La Espriella parte de una premisa distinta: “el modelo vigente puede funcionar si se corrige su ejecución, se controla la corrupción y se pone al paciente en el centro de las decisiones institucionales”.
Este giro tiene consecuencias prácticas. Las EPS que transitaron el período de intervención masiva de 2023–2025 enfrentarán un entorno de mayor exigencia en eficiencia administrativa, con mayor certeza jurídica sobre su papel en el sistema. La industria farmacéutica operará bajo el marco de presupuestos máximos —ya consolidados— en un contexto político que prioriza el acceso sobre la restricción de tecnologías. Los hospitales públicos recibirán atención diferenciada en inversión, especialmente los que acumulan deuda hospitalaria dentro de los $24 billones de cartera documentada.
| El cambio es de gestión: el nuevo gobierno se propone corregir la ejecución del sistema antes que rediseñar sus fundamentos. Para los actores privados, esto representa mayor estabilidad regulatoria; para los pacientes, la apuesta es por resultados medibles en el corto plazo. |
Implicaciones para los actores del sistema
La reconfiguración de prioridades que trae el nuevo gobierno afecta de manera diferenciada a cada uno de los actores del sistema. El sector debería anticipar al menos las siguientes dimensiones de impacto en los primeros 100 días de gobierno.