Dos hombres, acusados de liderar una red de explotación sexual de mujeres colombianas y venezolanas, reciben 12 meses de prisión preventiva. Rescatadas 45 víctimas en la Operación Flor de Loto.
Por Carlos Santana
El magistrado José Rafael D’ Asís Burgos, juez coordinador de los juzgados de la Instrucción de la provincia de Santiago, ha decretado 12 meses de prisión preventiva para Junior David Matos Monegro y Estarly Almánzar Pérez, acusados de encabezar una supuesta estructura de explotación sexual de mujeres colombianas y venezolanas. Ambos imputados cumplirán la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey.
La acusación del Ministerio Público se sostiene en la Operación Flor de Loto, mediante la cual fueron rescatadas 43 colombianas y dos venezolanas, presuntas víctimas de explotación sexual comercial y otros delitos relacionados. Según los investigadores, las víctimas estaban bajo el control de los tratantes, quienes retenían sus documentos de identidad y gestionaban los pagos de los clientes a través de la plataforma de mensajería WhatsApp.
El órgano acusador presentó cargos provisionales contra Matos Monegro y Almánzar Pérez por violación de los artículos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, además de los artículos 265, 266, 333, 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo. Matos Monegro también fue acusado de violar el artículo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.
La Operación Flor de Loto ha dejado al descubierto una red que, según las autoridades, manejaba meticulosamente el negocio ilícito, coordinando servicios y tarifas con los clientes, mientras mantenía a las víctimas en una situación de dependencia y vulnerabilidad. La medida de prisión preventiva busca garantizar que los imputados no interfieran con el proceso judicial y asegurar la protección de las víctimas.
El caso ha generado gran conmoción en la comunidad y pone de manifiesto la urgencia de combatir el tráfico de personas y la explotación sexual en la región. Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a quienes lucran con la dignidad de seres humanos vulnerables.
