Por José Armando Toribio
Santiago de los Caballeros, República Dominicana — Desde el inicio del denominado caso Antipulpo, siempre confié en la inocencia de Fernando Rosa. No solo por lo que representaba como funcionario, sino también por su trayectoria personal: un hombre responsable, cercano a su familia, comprometido con la sociedad y con un accionar alejado de las acusaciones que se le imputaron.
Su reciente absolución ha desatado una oleada de interrogantes. La ciudadanía se pregunta cómo se llegó a este punto, por qué un proceso tan mediático terminó revelando debilidades en la acusación y qué intereses pudieron influir en su manejo. Estas dudas no surgen al azar; son el reflejo de un sistema judicial que, en lugar de priorizar la búsqueda de la verdad y la correcta aplicación de la ley, parece haber cedido terreno a la espectacularización y al descrédito personal.
En este caso, el Ministerio Público dio la impresión de perseguir más el daño reputacional que la verdadera justicia. El despliegue mediático, las acusaciones desproporcionadas y la ausencia de pruebas sólidas generan serias dudas sobre la objetividad del proceso. No se trata de absolver culpas de manera automática, sino de exigir que la justicia actúe con equilibrio, respeto al debido proceso y sin contaminarse de intereses políticos o personales.
El caso de Fernando Rosa recuerda que la justicia no debe ser utilizada como herramienta de campañas de descrédito ni para alimentar la percepción de “grandes victorias” institucionales, cuando en realidad se afectan vidas y se destruyen trayectorias construidas con esfuerzo. Un fallo absolutorio, como el que hoy lo favorece, abre un espacio para reflexionar sobre la responsabilidad de quienes conducen investigaciones y procesos judiciales.
Más allá del ámbito jurídico, está la dimensión humana. Quienes conocen de cerca a Fernando Rosa saben que es un hombre íntegro, dedicado a su familia y con vocación de servicio. Resulta doloroso constatar cómo, durante todo este tiempo, fue sometido a una campaña de señalamiento que dañó no solo su imagen, sino también la tranquilidad de sus seres queridos.
Lo que corresponde ahora es un ejercicio de introspección como sociedad: exigir transparencia en los procesos judiciales, garantizar que la justicia actúe con imparcialidad y evitar que cualquier ciudadano sea convertido en rehén de intereses particulares. Solo así podremos fortalecer el Estado de derecho y recuperar la confianza en nuestras instituciones.
La absolución de Fernando Rosa no borra el sufrimiento vivido, pero sí marca un precedente. Nos recuerda que la verdad puede tardar en emerger, pero siempre termina abriéndose paso. Y nos invita a no olvidar que la justicia debe ser, en todo momento, sinónimo de equilibrio, respeto y dignidad.
