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miércoles, enero 14, 2026
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El 6 de agosto, corte dominicana evaluará si el monorriel viola derechos ambientales en zona urbana

Santiago, República Dominicana — Una batalla legal por la protección ambiental ha puesto en pausa un ambicioso proyecto de infraestructura urbana. La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago decidirá el próximo 6 de agosto el destino del trazado del monorriel, luego de una audiencia donde residentes del Reparto Universitario presentaron un recurso de amparo contra el plan gubernamental.

La jueza Alicia Mabel Guzmán Bencosme anunció la fecha tras escuchar argumentos de las partes involucradas, incluyendo representantes comunitarios que aseguran que el trazado propuesto amenaza al Arroyo Burgos y al área verde circundante. El monorriel, diseñado para modernizar el transporte público en Santiago, enfrenta críticas por los potenciales daños ecológicos y la falta de consulta ciudadana.

Los accionantes —respaladados por las juntas de vecinos y organizaciones sociales— alegan que el proyecto vulnera derechos fundamentales a un medio ambiente sano, la propiedad privada y la calidad de vida. Argumentan que existen rutas alternas viables que no comprometerían estos principios. Los abogados Mito Núñez, Juan de Dios Reyes y Domingo de los Santos encabezan la defensa legal de la comunidad.

Durante la audiencia, la Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop) intervino como parte voluntaria, respaldando los reclamos con base en la Constitución y leyes ambientales dominicanas. Sus abogados subrayaron que el ecosistema del Arroyo Burgos es vital para la ciudad, al proveer servicios esenciales como regulación térmica, absorción de aguas pluviales y hábitat para especies amenazadas.

El caso se ha convertido en una prueba de fuego sobre el equilibrio entre desarrollo urbano y sostenibilidad ambiental. De acoger el amparo, el tribunal marcaría un precedente en la defensa de los derechos colectivos frente a proyectos de infraestructura a gran escala. Las comunidades esperan un fallo que reconozca la legitimidad de sus reclamos y obligue al Estado a repensar el trazado, garantizando la preservación del patrimonio natural de Santiago.

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