Por Edwin De La Cruz
El cierre del año 2025 dejó claro que la clase trabajadora dominicana no ha bajado la guardia. Lejos de la confrontación estéril, el movimiento sindical se ha mantenido vigilante frente a los intentos de sectores empresariales que buscan modificar conquistas laborales fundamentales, entre ellas la cesantía.
En este escenario, es justo reconocer el esfuerzo del Gobierno dominicano por preservar este derecho histórico, así como la actuación responsable del Senado de la República, que aprobó en sus lecturas correspondientes una reforma al Código de Trabajo respetando los derechos adquiridos de los trabajadores.
La cesantía no es un obstáculo al desarrollo; es una garantía mínima de estabilidad y dignidad frente a la incertidumbre del despido.
Las centrales sindicales han sido claras y coherentes: Jacobo Ramos, Gabriel del Río Doñé y Rafael “Pepe” Abreu han reiterado que no se oponen a la modernización del Código de Trabajo, pero sí a cualquier intento de retroceso disfrazado de reforma.
Coinciden en que el consenso alcanzado es fruto del diálogo tripartito y que alterarlo rompería la confianza construida durante años. Por ello, el llamado a la Cámara de Diputados no es caprichoso: aprobar sin dilaciones ni maniobras un proyecto que preserve la cesantía y fortalezca los derechos laborales.
El año 2026 debe marcar un antes y un después en la consolidación de una legislación laboral justa, equilibrada y socialmente responsable.
El país no puede permitirse una reforma que debilite la protección del trabajo en nombre de una supuesta competitividad. El verdadero desarrollo se construye garantizando derechos, fortaleciendo la institucionalidad y promoviendo un crecimiento económico que incluya a quienes producen la riqueza nacional. Defender la cesantía hoy es defender la paz social del mañana.