La demora en reparaciones clave desata frustración ciudadana, pérdidas económicas y dudas sobre capacidad estatal para responder a crisis de infraestructura.
Por John Santos
La Vega, República Dominicana. — La imagen es casi simbólica: un puente cerrado, otro a medio demoler y una pasarela abandonada en medio de excavaciones. Tres estructuras vitales para la conectividad de esta provincia llevan meses en espera de una reparación definitiva, atrapadas entre trámites burocráticos, retrasos técnicos y la impaciencia de una población que acusa al Estado de indiferencia.
El Ministerio de Obras Públicas mantiene intervenidos, desde hace varios meses, dos puentes sobre el río Camú: uno en la autopista Duarte y otro en la avenida Antonio Guzmán, a la entrada del municipio cabecera. Este último, considerado crucial para el comercio local, fue cerrado al tránsito el 27 de abril de 2024, tras detectarse daños graves en su estructura. Sin embargo, la obra avanza a paso lento. Un reciente recorrido periodístico constató que apenas dos trabajadores laboraban en el área, limitados a tareas de demolición parcial y refuerzo de pilotes.
La situación no es distinta en la pasarela de la comunidad El Higüero, también sobre la autopista Duarte. Excavaciones iniciales para identificar fallas en la zapata quedaron prácticamente estancadas. Aunque en su momento se anunció que la ampliación de la vía implicaría la demolición parcial de la pasarela, tal decisión nunca se ejecutó.
Funcionarios justifican la demora por la complejidad de intervenir un tramo atravesado por tuberías de CORAAVEGA y el tendido eléctrico de Edenorte, lo que eleva los riesgos de la obra. Pero para comerciantes y vecinos, los argumentos resultan insuficientes. “Cada día cerrado nos cuesta millones”, denunció un empresario de la zona.
Mientras tanto, el puente de Bayacanes, colapsado en 2022 por las lluvias, continúa intransitable. Tras la demolición de sus alcantarillas, se prometió una nueva estructura, pero lo único que permanece es un cruce improvisado donde lugareños cobran entre 25 y 50 pesos a quienes intentan pasar a pie o en motocicleta.
La estampa de precariedad no solo revela el impacto económico y social de las obras paralizadas. Para muchos residentes, es también un recordatorio de la vulnerabilidad de la infraestructura dominicana frente a fenómenos naturales y de la distancia, cada vez más marcada, entre las promesas oficiales y la realidad en las calles.
