El documento modernizado reducirá la falsificación, mientras el nuevo Código Penal endurece castigos por robo de identidad y suplantación.
Por Amadeo Peralta
La implementación de la nueva cédula de identidad y electoral en la República Dominicana marcará un cambio trascendental en materia de seguridad y modernización de documentos oficiales. El nuevo documento, fabricado en policarbonato y dotado de chip electrónico y sistemas biométricos, promete no solo mayor durabilidad y resistencia, sino también un salto cualitativo en la lucha contra las falsificaciones.
Este cambio coincide con la entrada en vigencia, el 3 de agosto de 2026, del nuevo Código Penal, que introduce un marco más severo contra el robo y la suplantación de identidad. Por primera vez, estas prácticas recibirán sanciones ejemplarizantes, cerrando así la brecha legal que permitía a muchos delincuentes operar con relativa impunidad.
En lo adelante, quien posea, utilice o facilite documentos falsos —como cédulas, pasaportes o licencias de conducir— enfrentará penas de 5 a 10 años de prisión mayor, además de multas significativas. Los funcionarios públicos o empleados con acceso a información de identificación personal que participen en estas prácticas se exponen a condenas de hasta 20 años.
El Código Penal también contempla agravantes. El robo de identidad cometido contra funcionarios, militares o policías será castigado con penas que oscilan entre 5 y 10 años de prisión, acompañadas de multas económicas. Asimismo, los bienes adquiridos mediante fraude o suplantación deberán ser confiscados y devueltos a sus legítimos dueños.
Entre las principales características de la nueva cédula destacan:
- Material resistente: fabricada en policarbonato, a prueba de agua y humedad.
- Seguridad avanzada: grabado láser, microtextos y chip electrónico con sistemas biométricos.
- Validez dual: las cédulas actuales y las nuevas coexistirán hasta que la Junta Central Electoral (JCE) complete el proceso de sustitución.
El proceso de renovación será gradual. La JCE ha puesto en marcha la plataforma digital Acércate (acercate.jce.gob.do) para que los ciudadanos actualicen sus datos y agilicen el trámite. Además, desarrolla campañas de información y educación para garantizar que la población comprenda las ventajas de esta transición.
Más allá de la modernización tecnológica, la iniciativa tiene un impacto profundo en la seguridad jurídica y en la confianza del sistema democrático dominicano. A largo plazo, se espera que el proyecto genere ahorros para el Estado, gracias a la durabilidad del nuevo documento y a la reducción de fraudes.
La cédula renovada y el endurecimiento de las sanciones penales se complementan como dos pilares de un mismo objetivo: proteger la identidad de los ciudadanos y blindar al país frente a la criminalidad organizada.
