LA VEGA.- Un grupo de herederos depositó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra la procuradora adjunta de la Corte de Apelaciones de La Vega, Vianela Antonia García Muñoz, en la que solicitan la apertura de una investigación por presunto conflicto de intereses y uso indebido de su investidura en un proceso sucesoral.
Según la denuncia, la funcionaria figura como heredera en un proceso sucesoral que se conoce dentro de la misma demarcación judicial donde ejerce funciones, situación que de acuerdo con los reclamantes, podría comprometer los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia que rigen el sistema de justicia.
Los denunciantes, Kirsis Mercedes García Morel, Ramón Antonio García Morel y Kilma Altagracia De León, actúan en calidad de coherederos y continuadores jurídicos del fenecido Ramón Antonio García Jiménez. Sostienen que en el marco del proceso se habrían producido actuaciones vinculadas a la administración y disposición de bienes pertenecientes a la masa hereditaria.
De acuerdo con la documentación depositada ante las autoridades, los reclamantes alegan presuntos actos de administración, venta y disposición de bienes, incluyendo inmuebles, certificados financieros y otros activos que habrían sido realizados sin el consentimiento de todos los herederos, pese a la existencia de procesos judiciales en curso y decisiones que ordenan la partición del patrimonio.
En ese mismo contexto, sostienen que podría haberse producido ocultamiento y simulación de bienes, señalando que parte del patrimonio sucesoral habría sido excluido, subvaluado o transferido mediante mecanismos que aparentarían legalidad, con el objetivo de modificar la composición real de la masa hereditaria y afectar los derechos de los coherederos.
Los denunciantes indican que los documentos aportados incluirían registros, actos de disposición y movimientos patrimoniales que a su juicio, no reflejarían la totalidad ni el valor real de los bienes heredados, por lo que solicitan que estos hechos sean investigados de manera exhaustiva por las autoridades competentes.
Asimismo, plantean que las actuaciones denunciadas deben ser evaluadas con mayor rigor debido a que una de las partes involucradas ostenta una alta investidura dentro del Ministerio Público y ejerce funciones en la misma jurisdicción donde se ventilan los procesos relacionados con el caso. En la denuncia solicitan la apertura de una investigación administrativa y disciplinaria, la inhibición de la funcionaria de cualquier actuación directa o indirecta vinculada al proceso y la designación de una instancia investigadora independiente que garantice el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Los reclamantes expresaron su confianza en el Ministerio Público y en los mecanismos institucionales de control, al tiempo que manifestaron que su acción no busca desacreditar a la institución, sino contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la ética y el respeto al debido proceso.
Indicaron además que la denuncia no implica un prejuzgamiento de culpabilidad, sino que persigue que los hechos expuestos sean investigados conforme a la Constitución y las leyes vigentes, en respeto al principio de presunción de inocencia. Finalmente, afirmaron que permanecerán atentos al desarrollo del proceso y reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades, aportando la documentación necesaria para el esclarecimiento del caso.