Diario Cibao. En un giro impactante para el periodismo digital en Santiago, República Dominicana, el comunicador Ángel Martínez enfrenta severas medidas de coerción. Un juez de la Oficina de Atención Permanente ha ordenado la colocación de un grillete electrónico, presentación periódica mensual y prohibición de salida del país a Martínez, quien está acusado de extorsión, difamación e injuria contra el empresario Arnulfo Gutiérrez.
La abogada de Gutiérrez, Juliana Ramia Capellán, argumentó el riesgo de fuga de Martínez, citando su falta de domicilio conocido. Por su parte, la defensa del comunicador ha criticado la decisión judicial, alegando contradicciones en la motivación.
Según la acusación, Ángel Martínez habría incurrido en chantaje y amenazas, además de realizar declaraciones difamatorias, violando los artículos 306 y 400 del Código Penal.
El Ministerio Público también invocó la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, destacando el uso de plataformas digitales por parte de Martínez para atacar a múltiples individuos. «Es un daño irreparable, no solo contra nuestro representado, sino contra muchas otras personas que han sido víctimas de sus acusaciones irresponsables», afirmó Ramia Capellán.
Al ser escoltado fuera del tribunal, Martínez no emitió declaraciones y sufrió una caída en las escaleras del Palacio de Justicia. La defensa insiste en que el proceso responde a motivaciones personales que no deberían ser perseguidas penalmente.
Seis demandas por difamación e injuria pesan sobre el comunicador, quien, según reportes, se habría hecho pasar por detective y agente de la CIA, el FBI y la DEA. Entre sus querellantes se encuentran personalidades como el exministro de Educación Roberto Fulcar y la ministra de Interior y Policía Faride Raful.