TAVERA, La Vega — Varias familias residentes próximo a la Presa de Tavera hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que cesen las pretensiones de construir una vía pública sobre terrenos privados de la zona, lo que aseguran, busca favorecer a intereses de políticos y allegados con fuertes vínculos en el poder, constituyendo un intento de despojo.
Entre los afectados figura la familia Batista Núñez, propietaria de uno de los terrenos y actualmente en proceso de saneamiento ante el Tribunal de Jurisdicción Originaria de Tierras de La Vega. Los propietarios sostienen en una nota de prensa que el trazado pretendido partiría su finca en dos y carece de justificación colectiva, ya que existen dos caminos vecinales alternativos que satisfacen la necesidad de tránsito sin perjudicar a propietarios particulares.
“No se trata de una obra para la comunidad; es un atajo para favorecer a determinados dirigentes políticos y allegados”, señala la nota difundida por la familia Batista Núñez, cuyo predio se ubica en el Distrito Catastral 32, provincia La Vega.
En la denuncia se mencionan, por nombre, a Claudio Genao, secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Tavera; a Domingo Antonio Genao, militante de la organización; al prestamista Víctor Manuel Genao; y al ganadero Cristino Castillo, a quienes los propietarios acusan de haber intervenido en el proceso de titulación que sigue la familia ante el Tribunal de Tierra.
Según la denuncia, el 14 de octubre de 2025 una persona vinculada a los intervinientes ingresó sin permiso a la propiedad para trazar un camino irregular —una acción que los propietarios interpretan como un intento de fabricar pruebas que legitimen la existencia de una vía comunitaria inexistente.
El conflicto adquirió además una dimensión institucional. Aunque el director distrital, Marino Abreu, se había comprometido a mantener una postura neutral hasta que el tribunal resuelva el saneamiento, la familia observa señales de un posible cambio en la actitud del funcionario. Las notificaciones formales entregadas mediante acto de alguacil buscan recordar a la Junta Distrital su obligación de no interferir en un proceso judicial en curso.
A la preocupación por la vulneración de la propiedad privada se suma el temor a un conflicto de interés en el gobierno local y el riesgo ambiental, ya que la intervención afectaría áreas con vegetación y estaría próxima a la presa. Las familias Aquino-Corona, vecinas de la zona, también han advertido que la ampliación o rectificación de caminos podría implicar el despojo de parte de sus parcelas sin compensación.
Para la familia Batista Núñez, la audiencia fijada en el Tribunal de Tierra para el 20 de febrero de 2026 será decisiva en la defensa del debido proceso y del Estado de derecho frente a presiones del poder local. Mientras tanto, exigen que las autoridades actúen con integridad y respeten las garantías judiciales.
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