Por: Pavel De Camps Vargas
La democracia en la República Dominicana se encuentra en una encrucijada. Por un lado, avanza con pasos tímidos hacia un futuro institucional más sólido; por otro, enfrenta desafíos constantes que amenazan con revertir esos logros. La pregunta clave es si realmente se está avanzando, o si el país navega a la deriva hacia una crisis democrática sin precedentes.
En los últimos cinco años, desde 2020 hasta hoy, la nación ha experimentado cambios significativos. La llegada al poder de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que rompió con el dominio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue una señal clara de que la ciudadanía puede cambiar el rumbo político del país a través del voto. Este cambio representó un avance en la alternancia democrática, demostrando que el sistema electoral, aunque imperfecto, sigue siendo confiable y resiliente.
Un dato que lo confirma es la victoria de Abinader en las elecciones presidenciales de 2020 con el 52.52 % de los votos, lo que evidenció una voluntad contundente por el cambio y por romper con un ciclo de cuestionamientos éticos, corrupción y desgaste institucional. La respuesta del nuevo gobierno no se hizo esperar, iniciando procesos históricos contra exfuncionarios involucrados en escándalos como Operación Anti-Pulpo, Coral y Coral 5G. Esto, en sí mismo, constituye un hito, ya que por primera vez se observa un esfuerzo serio y sostenido para enfrentar la corrupción desde un Ministerio Público independiente, con Miriam Germán Brito a la cabeza.
Sin embargo, estos avances no están exentos de críticas. Las instituciones dominicanas aún exhiben serias fragilidades. El Congreso Nacional sigue actuando más como una extensión partidaria que como un órgano fiscalizador autónomo. A pesar de la reforma de la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos, persisten prácticas como el clientelismo electoral y la inequidad en la asignación de recursos públicos durante las campañas, algo que fue denunciado por organizaciones como Participación Ciudadana en las elecciones municipales de 2024.
El Tribunal Superior Electoral: Un actor clave en la consolidación democrática
En medio de este panorama, resalta la gestión del Tribunal Superior Electoral (TSE), que ha mostrado avances significativos en credibilidad y transparencia. En los últimos años, el TSE ha resuelto el 95 % de las impugnaciones presentadas en tiempo récord, fortaleciendo así la confianza ciudadana en la justicia electoral. Bajo la presidencia de Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, este organismo ha sentado precedentes importantes sobre equidad electoral y respeto a los derechos políticos, contribuyendo de forma considerable al fortalecimiento institucional del país.
Este dato resulta especialmente valioso si se compara con procesos anteriores, en los que las impugnaciones electorales solían ser una fuente constante de cuestionamientos y conflictos políticos prolongados.
Libertad de expresión en riesgo: ¿Quién teme a la voz del pueblo?
La luz que generan estos logros institucionales se oscurece con un tema especialmente delicado: la libertad de expresión. República Dominicana, históricamente considerada un faro democrático en el Caribe, vive hoy una controversia alarmante debido a la propuesta de una nueva Ley sobre Libertad de Expresión, impulsada desde sectores políticos influyentes, que busca regular e incluso sancionar contenidos en redes sociales bajo criterios subjetivos y potencialmente arbitrarios.
La reacción ha sido masiva y contundente: periodistas, activistas y la ciudadanía en general han denunciado esta iniciativa como un retroceso peligroso. Según datos recientes, solo el 0.00084 % de la población conectada en República Dominicana realiza un uso inapropiado o difamatorio en plataformas digitales. La pregunta que surge es si vale la pena poner en riesgo la libertad de millones de dominicanos para controlar las acciones inapropiadas de una ínfima minoría. O si, en el fondo, lo que se busca es silenciar las voces que denuncian la corrupción por temor a ser silenciadas.
La sociedad civil: el contrapeso necesario
Organizaciones defensoras de la libertad han alertado sobre las consecuencias negativas que esta ley tendría en el debate público. El riesgo latente no es solamente la censura directa, sino la autocensura ciudadana derivada del miedo a posibles represalias legales o multas arbitrarias, destruyendo uno de los elementos más vitales de cualquier democracia sana: la libertad para expresar ideas, opiniones y críticas sin miedo.
En un país donde las redes sociales juegan un papel central en la denuncia de irregularidades y el empoderamiento ciudadano, este intento regulatorio podría representar un retroceso democrático considerable. La reciente protesta digital masiva contra esta iniciativa, encabezada por movimientos juveniles y periodistas independientes bajo la etiqueta #RDLibreSinCensura, es un reflejo de la preocupación generalizada que existe en torno a este tema.
Un dato alentador que se presenta como contrapeso al riesgo de retrocesos institucionales es el crecimiento de una sociedad civil dominicana cada vez más crítica y vigilante. Grupos ciudadanos organizados, movimientos juveniles y plataformas digitales se han convertido en actores fundamentales para exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto por la institucionalidad democrática. La presión constante de la ciudadanía ha impedido la aprobación inmediata de esta ley sobre libertad de expresión, demostrando que la participación activa es indispensable para la defensa democrática.
La gran interrogante: ¿Hacia dónde vamos?
En resumen, el balance de la democracia dominicana en estos últimos cinco años presenta claros y oscuros inquietantes. Avances como la alternancia política, la lucha anticorrupción y el fortalecimiento del Tribunal Superior Electoral son innegables y merecen ser reconocidos. Pero la amenaza a la libertad de expresión y la debilidad persistente en algunas instituciones clave generan dudas legítimas sobre la calidad democrática real del país.
La pregunta crucial que queda abierta es: ¿estará la República Dominicana a la altura del desafío histórico de defender y consolidar sus libertades fundamentales, o sucumbirá a la tentación autoritaria del control y la censura?
La respuesta a esta pregunta no debe dejarse únicamente en manos de los políticos, sino que dependerá siempre de una sociedad civil activa, consciente y dispuesta a defender sus derechos en cada momento. Porque, al final, la democracia no es una conquista eterna, sino una lucha diaria que exige vigilancia permanente.
¿Estamos preparados para asumir este desafío? La historia reciente sugiere que sí, pero el futuro siempre estará condicionado por nuestra propia determinación para defender lo que hemos ganado con tanto esfuerzo.
