Santiago, República Dominicana. – El Ministerio Público informó que Bolívar Nicolás Fernández Espinal, imputado en el caso Lobo y director de Seguridad de Edenorte Dominicana, habría recibido más de RD$35 millones en sobornos entre los años 2020 y 2025.
Según el documento de solicitud de medida de coerción, los pagos ilegales comenzaron a entregarse desde mediados de 2012 y fueron realizados por Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (SENASE). Estos sobornos tenían como fin obtener contratos amañados mediante la manipulación de procesos de licitación, desviando así fondos públicos en beneficio de los involucrados.
El expediente señala que, tras la designación de Andrés Cueto Rosario como gerente general de Edenorte en agosto de 2020, el imputado Fernández Espinal fue contactado por una persona identificada como “Cornelio”, quien aseguró tener acceso a todas las áreas de la empresa.
“Cornelio” se reunió con Rodríguez González en un restaurante, donde le exigió un soborno de RD$450,000 para agilizar el pago de facturas atrasadas, suma que este último rechazó por considerarla excesiva. Finalmente, acordaron un pago de RD$350,000 por cada factura saldada. Esta práctica se mantuvo hasta marzo de 2021.
Más adelante, “Cornelio” volvió a contactar a Rodríguez González y le informó que Fernández Espinal se reuniría con él en Santiago. En ese encuentro, el funcionario exigió un 10 % del valor de los pagos como nuevo soborno. Tras negociaciones, se estableció un pago mensual de RD$600,000 por cada factura a partir de diciembre de 2022.
Fernández Espinal justificó el aumento señalando que otras personas dentro de la red también debían recibir su parte. Los pagos se efectuaban mediante transferencias bancarias, según consta en el expediente.
El Ministerio Público acusa a Fernández Espinal de haber recibido un total de RD$35,319,179.54 en sobornos entre 2020 y 2025, como parte de una estructura criminal que operaba dentro de Edenorte y otras instituciones del Estado, incluyendo el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), y las distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
El caso Lobo involucra a varios altos oficiales y civiles. Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez y Ramón Quezada Ortiz; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, y el propio Fernández Espinal.
El Ministerio Público solicitó que el proceso sea declarado como complejo, tras estimar que la red logró estafar al Estado por más de RD$100 millones a través de prácticas fraudulentas en licitaciones públicas y pagos de sobornos.
