El abogado Amadeo Peralta, especialista en persecución de delitos y fraudes financieros, advirtió sobre las severas repercusiones jurídicas que enfrentan quienes utilicen redes sociales para incitar a la población a retirar sus ahorros del Banco de Reservas. Peralta enfatizó que estas acciones no solo son irresponsables, sino que constituyen un delito tipificado en la Ley Monetaria y Financiera.
Según el experto, el artículo 80 de dicha ley sanciona la difusión de rumores falsos sobre la estabilidad de las entidades bancarias con penas de 3 a 10 años de prisión y multas que oscilan entre los RD$500,000 y RD$2,500,000. «Quienes se sumen a estas campañas difamatorias ponen en riesgo su libertad y su patrimonio», señaló el jurista.
Peralta informó que la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), el Banco de Reservas, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público realizan actualmente un monitoreo exhaustivo en plataformas digitales. El objetivo es identificar a los autores de estos videos y mensajes, incluso si se encuentran en el extranjero, ya que se considera un asunto de seguridad nacional al afectar la estabilidad financiera del país.
Finalmente, el abogado aclaró la diferencia entre el derecho a la denuncia y la difamación financiera. Precisó que los usuarios tienen canales legales, como el departamento ProUsuario, para reclamar ante fraudes con tarjetas o mala gestión de empleados. Sin embargo, recalcar que un banco está en quiebra sin pruebas es un delito de acción pública que conlleva medidas de coerción severas, incluyendo prisión preventiva, arresto domiciliario o el uso de grilletes electrónicos.