Puerto Plata. — A solicitud del Ministerio Público, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata ordenó la celebración de un nuevo juicio contra Wander Samuel Franco Aybar, condenado en primera instancia a dos años de prisión por abusos psicológicos y sexuales contra una adolescente.
El proceso también involucra a la madre de la víctima, quien había sido sentenciada a diez años de cárcel por explotación sexual comercial y lavado de activos, y que ahora también enfrentará un nuevo juicio.
El Ministerio Público solicitó al tribunal que imponga una condena de cinco años de prisión a Franco Aybar por abuso sexual infantil, considerando que la reproducción de las pruebas permitirá establecer sanciones más severas para los imputados.
Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata, aseguraron estar preparados para obtener las condenas ejemplares que exige el caso.
El nuevo juicio fue ordenado por los jueces de la Corte de Apelación Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, quienes habían reservado su fallo para el 9 de diciembre de 2025, a las 9:00 de la mañana.
La decisión se adoptó tras conocer los recursos de las partes, incluyendo el presentado por el Ministerio Público, contra la sentencia dictada el 27 de junio por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez.
En primera instancia, Franco Aybar fue condenado a dos años de prisión bajo suspensión de la pena, además del pago de diez salarios mínimos y las costas del proceso. Se le halló culpable de violar los artículos 396, letras b y c, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
El tribunal impuso la pena suspendida con la condición de que Franco Aybar no se acerque a adolescentes con fines sexuales; en caso de incumplimiento, deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata.
Por su parte, la madre de la víctima cumple diez años de prisión en el CCR Rafey Mujeres, en Santiago. La sentencia incluyó una multa de 30 salarios mínimos y el decomiso de siete bienes, entre ellos un solar de 600 metros cuadrados en Villa Montellano, un vehículo 2023, un depósito bancario de RD$2,100,000, y sumas de 68,500 dólares estadounidenses y 800,000 pesos dominicanos, además de equipos celulares y otros valores inmovilizados por el Ministerio Público.