Aunque sin castigos penales, el nuevo proyecto de ley propone un aparato regulador que intimida, condiciona y centraliza el control de los medios
Por Elvin Castillo
Desde sus inicios, el actual gobierno dominicano ha evidenciado un interés persistente en limitar la libertad de expresión. Lo ha hecho mediante propuestas legislativas que, aunque envueltas en discursos de modernización y regulación, comparten un mismo objetivo: restringir la crítica, condicionar el disenso y controlar la narrativa pública.
El más reciente intento, materializado en el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, es un claro ejemplo. Aunque la versión actual no contempla penas de prisión ni sanciones penales, como sí ocurrió en borradores anteriores, plantea un entramado normativo que otorga al Estado amplias facultades para supervisar, sancionar y condicionar a los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales y digitales.
Lo que parece, pero no es
A primera vista, el texto reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental. Sin embargo, introduce cláusulas ambiguas relativas a la protección de la identidad nacional, el orden público y la moral, conceptos lo suficientemente elásticos como para ser interpretados a conveniencia. Tales ambigüedades podrían justificar sanciones administrativas que, si bien no implican prisión, sí ejercen un efecto intimidatorio y disuasorio sobre periodistas y medios que no se alineen con el discurso oficial.
Como profesional de la comunicación con más de dos décadas de experiencia, reconozco que nuestra profesión enfrenta desafíos reales: desinformación, banalización del debate público y exceso de opinología sin base ni rigor. Pero la solución no reside en el control estatal ni en el silenciamiento disfrazado de regulación, sino en el fortalecimiento de la ética, la formación continua y la autorregulación responsable.
El verdadero problema: quién regula y con qué fines
Uno de los aspectos más inquietantes del proyecto es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un organismo con amplios poderes de supervisión y sanción, cuyos miembros serán designados directamente por el Poder Ejecutivo. Esta entidad tendría atribuciones para intervenir en la concesión de licencias, regular plataformas digitales, calificar contenidos y fiscalizar espectáculos públicos.
En otras palabras, se consolidaría un aparato estatal capaz de incidir directamente en lo que se puede o no decir, ver o escuchar.
