Por John Santos
La detención de Marveris Altagracia Batista ha colocado nuevamente bajo escrutinio la seguridad en los hospitales públicos de la República Dominicana. Batista acompañaba a Juan Carlos Rodríguez Capellán, señalado como el agresor de un agente de seguridad del Hospital Regional Dr. Luis Morillo King, en la ciudad de La Vega. Mientras ella permanece bajo custodia, Rodríguez Capellán continúa prófugo, intensificando la preocupación de las autoridades y del personal sanitario.
El incidente ocurrió en el área de emergencias del centro médico, un espacio donde la tensión suele ser constante. De acuerdo con versiones oficiales, la agresión se desencadenó luego de que a Batista se le prohibiera reiteradamente ingresar alimentos al área de internamiento, una restricción común en hospitales para proteger a los pacientes. Minutos después, regresó acompañada de su pareja, quien atacó sin previo aviso al seguridad Ángel Julián Castro.
Las cámaras de vigilancia, difundidas ampliamente, muestran cómo Rodríguez Capellán desciende de una motocicleta conducida por Batista y se lanza directamente contra Castro, propinándole 16 golpes, varios de ellos en el rostro. Según el departamento de Relaciones Públicas del hospital, el agresor utilizó una nudillera de acero, causando lesiones que obligaron a someter a la víctima a múltiples procedimientos médicos.
Testigos civiles intervinieron para frenar la golpiza, evitando consecuencias aún más graves. La dirección del hospital informó que el caso fue elevado al Consejo de Seguridad del Servicio Nacional de Salud, reunido en Santo Domingo para evaluar medidas adicionales.
Más allá del hecho puntual, el caso ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad del personal de seguridad y de salud frente a episodios de violencia. Sindicatos y expertos advierten que estos incidentes reflejan fallas estructurales y la urgente necesidad de reforzar protocolos, presencia policial y sanciones ejemplares en los centros hospitalarios del país.