Un camión estatal con arena ilegal y un ambientalista asesinado evidencian impunidad ambiental en la cuenca del río Tireo.
Por John Santos
Tireo, República Dominicana — La cuenca del río Tireo, enclavada en las montañas de Constanza, vuelve a ser escenario de una alarmante crisis ambiental y política. Décadas después de su primera intervención por parte del Estado, cuando se establecieron asentamientos campesinos en la zona, el río enfrenta hoy una sistemática depredación, bajo la mirada permisiva —o cómplice— de las autoridades.
Francis Bretón, ingeniero y vicesecretario de Medio Ambiente del partido opositor Fuerza del Pueblo, denunció esta semana que “el río Tireo está siendo devastado a plena luz del día y bajo la mirada cómplice de las autoridades”, en lo que calificó como una cadena de omisiones institucionales que amenaza con destruir uno de los afluentes más importantes de la región.
La denuncia no es nueva. En 2024, Francisco Ortiz Báez, un ambientalista oriundo de la comunidad, fue encontrado muerto poco después de denunciar la extracción indiscriminada de materiales del cauce del río. Aunque dos personas fueron arrestadas en su momento, ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Medio Ambiente han avanzado en la investigación, generando suspicacias sobre un patrón de encubrimiento.
“Una investigación diligente habría revelado a los verdaderos beneficiarios del lucrativo negocio de la extracción de arena”, afirmó Bretón. Pero los acontecimientos recientes han arrojado nueva luz —y más sombras— sobre este conflicto.
El pasado fin de semana, un camión cargado con arena extraída del río fue interceptado. Lo conducía un empleado del Ministerio de Educación, lo que ha elevado el escándalo más allá del ámbito ambiental. Dentro del vehículo se encontró una factura por valor de 10 mil pesos, correspondiente a 20 cargas de arena a 500 pesos cada una, lo que apunta a una operación comercial sostenida e ilegal.
Para Bretón, los hechos exponen dos realidades graves: primero, la evidente inoperancia del Ministerio de Medio Ambiente en la protección efectiva de los ríos del país; segundo, la implicación directa de funcionarios públicos en actividades ilícitas de extracción.
“El silencio institucional solo fortalece la impunidad”, advirtió Bretón. “Desde Fuerza del Pueblo exigimos respuestas inmediatas y acciones concretas. No se trata solo de castigar a quienes conducen los camiones, sino de desmantelar toda la red que sostiene este saqueo ambiental”.
El partido opositor ha instado a los ministerios de Educación y de Medio Ambiente a pronunciarse públicamente, identificar a todos los responsables y aplicar sanciones ejemplares.
“La defensa del medio ambiente no es una consigna partidaria”, dijo Bretón, “es un deber moral y constitucional. Como organización comprometida con la justicia social, no permitiremos que la destrucción de nuestros recursos naturales continúe siendo tolerada desde el propio aparato del Estado”.
Mientras tanto, el río Tireo sigue corriendo —cada vez más delgado— entre denuncias, silencios y crímenes sin resolver.
