Tribunal impone arresto domiciliario al sacerdote Alejandro Peña Sánchez

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Alejandro Anselmo Peña Sánchez Foto (Fuente externa.)

El religioso es investigado por presunta conducta sexual inapropiada; la justicia rechazó la solicitud de prescripción presentada por su defensa.

Santiago Rodríguez, República Dominicana.– El Tribunal de Atención Permanente de esta provincia dictó medidas de coerción contra el sacerdote Alejandro Peña Sánchez, investigado por presunta conducta sexual inapropiada, caso que salió a la luz tras una investigación periodística difundida por El Informe con Alicia Ortega.

La jueza ordenó arresto domiciliario en la residencia señalada por la defensa, el pago de una garantía económica de 500,000 pesos a través de una aseguradora y la prohibición de salida del país sin autorización del Ministerio Público.

Rechazo a la prescripción del caso

Durante la audiencia, la defensa del sacerdote solicitó la prescripción del proceso alegando que había vencido el plazo legal establecido. No obstante, el tribunal rechazó el recurso al considerar que fue presentado de manera extemporánea, aunque aclaró que la petición podría ser evaluada en una etapa posterior.

Historial de asignaciones y suspensión previa

Peña Sánchez ha estado asignado a por lo menos seis comunidades, entre ellas Villa Los Almácigos, Montecristi, Loma de Cabrera y, más recientemente, la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza en Valverde.

Fuentes eclesiásticas confirmaron que el sacerdote fue suspendido durante casi un año a raíz de una denuncia anterior que no llegó a comprobarse. La Diócesis de Mao-Montecristi informó que mantiene activos sus protocolos internos y que el religioso tiene prohibido ejercer funciones públicas.

El Ministerio Público señaló que continuará profundizando las pesquisas para determinar si existen más víctimas o denuncias similares en las comunidades donde el sacerdote estuvo asignado.

Organizaciones de defensa de los derechos de la niñez y la mujer en la región han exigido a las autoridades eclesiásticas mayor transparencia y colaboración en el proceso judicial.

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