SANTIAGO, R.D. — La muerte tiene, a veces, una burocracia lenta y dolorosa. Tuvieron que pasar veinticinco días para que la ciencia confirmara lo que las cámaras de seguridad ya habían registrado con una claridad escalofriante: Stephora Ann-Merci Joseph no murió por un accidente fortuito e inevitable. Murió luchando por respirar, sola, rodeada de gente, en una piscina que nunca debió haber pisado.
El informe 552-2025 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), fechado el 19 de noviembre, es clínico en su lenguaje pero devastador en su conclusión: «asfixia mecánica por ahogamiento». La etiología médico-legal, aunque indeterminada en origen patológico previo, señala un mecanismo de muerte por insuficiencia respiratoria rápida. Es, en términos legales y fácticos, una «muerte violenta».
Sin embargo, lo que eleva este caso de una tragedia a un expediente criminal en manos del Ministerio Público no es solo el ahogamiento, sino la secuencia de eventos que ocurrieron —o dejaron de ocurrir— mientras la niña de la escuela Leonardo Da Vinci perdía la vida.
Una «muestra extrema» de indiferencia captada en video
La reconstrucción de los hechos, basada en el relato fáctico del órgano acusador y las imágenes de videovigilancia de la Hacienda Los Caballos, dibuja un escenario de desidia institucional. A las 9:44 a. m., Stephora entró al agua confiada. La piscina, carente de señalización sobre la profundidad, se convirtió en una trampa mortal apenas llegó al centro.
El documento legal narra con precisión de segundos el horror: al notar que no hacía pie, la menor comenzó a hundirse. Hizo señas. Alzó los brazos. Según el Ministerio Público, a las 9:45 a. m., «realizó gestos de desesperación, luchando por tomar aire, por mantenerse a flote, por sobrevivir».
Mientras Stephora libraba esa batalla silenciosa contra el agua, la supervisión adulta brillaba por su ausencia, o peor aún, por su desconexión. La solicitud de medida de coerción detalla que Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora del centro y hoy imputada, caminó por el borde de la piscina justo en ese instante crítico.
La narrativa fiscal es contundente: la docente se desplazó al lado de la víctima sin siquiera voltear la cara. Se dirigió hacia el área del jacuzzi, conversó con otros niños y regresó al gazebo, pasando nuevamente junto al lugar donde la alumna se ahogaba, «sin que nada le llame la atención».
El abismo de la distracción digital
La negligencia no fue unipersonal. Mientras Tavárez Vélez caminaba sin mirar, la coordinadora del nivel secundario, Vilma Altagracia Vargas Morel, se encontraba cerca. El expediente establece que, durante los 31 minutos que el cuerpo de Stephora permaneció en el fondo de la piscina, Vargas Morel «utilizaba su aparato celular, sin ver lo que estaba pasando».
Las cámaras no mienten: no hubo revisión de los menores, no hubo conteo de cabezas, no hubo supervisión activa. Solo hubo una conversación entre colegas mientras, a pocos metros, una vida se extinguía. Fue otro menor, y no las maestras, quien finalmente detectó el cuerpo y dio la voz de alarma al grito de «se ahogó, se ahogó».
El caso ha conmocionado a la sociedad de Santiago no solo por la muerte, sino por la gestión de la emergencia. Cuando a las 10:20 a. m. un empleado de la hacienda y varios estudiantes intentaron llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la respuesta de la orientadora Tavárez fue una orden de silencio: «No. Están llamando a la directora».
Se priorizó la cadena de mando burocrática sobre la vida humana. Se llamó al colegio, no a la ambulancia. Cuando el 9-1-1 fue finalmente activado, Stephora ya estaba muerta.
La Fiscalía de Santiago ha depositado la solicitud de medida de coerción contra cuatro integrantes del equipo directivo: Yris del Carmen Reyes Adames, Gisela Altagracia de las Mercedes González, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel. Las acusaciones son graves: homicidio involuntario, abandono y maltrato a menores.
El Ministerio Público sostiene que la tragedia fue el resultado directo de una «excursión ilegal», violando la Orden Departamental 09-2009 que prohíbe actividades en piscinas, realizada en un lugar inseguro y bajo una supervisión que, trágicamente, nunca existió.