Por Rafael “Danilito” Guzmán
Lo digo con convicción, no como fórmula retórica. Creo en la capacidad de nuestro pueblo para levantarse, emprender, producir, innovar y salir adelante incluso cuando el contexto no siempre acompaña. Creo en la energía creadora de nuestras comunidades, en la voluntad de trabajo de nuestros jóvenes, en la fortaleza de nuestras familias y en el potencial de una diáspora que nunca ha dejado de mirar a su patria con compromiso, orgullo y esperanza.
Precisamente por creer en el país es que considero necesario hablar con claridad cuando observo procedimientos públicos que, en mi opinión, desaniman la confianza, erosionan la institucionalidad y envían señales equivocadas a quienes desean invertir, aportar y construir. Quien ama una nación no solo la celebra. También la corrige.
La crítica responsable no debe verse como traición, sino como una expresión de ciudadanía madura. Callar frente a prácticas que proyectan desorden, arbitrariedad o desprecio institucional sería, en mi opinión, una forma de complicidad pasiva con aquello que tanto nos cuesta superar. Y la República Dominicana merece algo mejor.
En una sociedad que aspira a crecer con seriedad, el trato institucional no es un lujo. Es una obligación. La forma en que una autoridad escucha, responde, explica y actúa frente a un ciudadano, un empresario, un comunitario o un miembro de la diáspora no es un detalle menor. Es una manifestación concreta del tipo de Estado que somos o del tipo de Estado que todavía no hemos logrado ser.
Muchas veces se habla de inversión como si se tratara solamente de dinero. Pero la inversión no llega ni permanece solo por cifras, terrenos o presentaciones atractivas. La inversión también depende de algo más frágil y más profundo: la confianza. Y la confianza se construye con previsibilidad, con respeto, con cortesía administrativa, con procedimientos consistentes y con la percepción de que el esfuerzo serio será tratado con seriedad. Cuando eso no ocurre, el mensaje que se proyecta es devastador.
No me refiero aquí a imputar conductas ilícitas no probadas ni a formular acusaciones personales. Me refiero a algo más básico y, por ello mismo, más importante: al modo en que ciertos comportamientos públicos observables pueden ser interpretados, por cualquier ciudadano razonable, como señales de debilidad institucional. En mi opinión, esa es una conversación que el país debe asumir con madurez.
Por eso introduzco la figura de Don Tito.
Don Tito no es una persona real en este texto. Es una alegoría. Es un personaje hipotético que representa una vieja cultura que muchos dominicanos conocen bien: la cultura del pequeño poder mal entendido, del trámite convertido en escenario de ego, del funcionario que olvida que su silla no es un trono sino una responsabilidad, del procedimiento opaco que parece diseñado más para cansar que para servir.
Don Tito simboliza, en mi opinión, esa mentalidad que convierte lo público en una zona de incertidumbre. No porque necesariamente viole una ley penal, sino porque debilita el espíritu de legalidad, racionalidad y respeto que debe caracterizar a una administración moderna.
Y ahí radica el punto central de esta reflexión: el problema no es solamente lo que una autoridad hace, sino lo que su proceder comunica.
Si una actuación pública observable transmite indiferencia, desdén, improvisación o falta de motivación suficiente, el efecto va más allá del episodio particular. Esa conducta, interpretada desde fuera, puede reforzar la idea de que todavía existen espacios donde el ciudadano productivo debe navegar no solo con normas, sino con humores; no solo requisitos, sino con ambigüedades; no con solo instituciones, sino con personalismos.
Eso hace daño. Le hace daño al municipio. Le hace daño a la imagen del país. Le hace daño al esfuerzo de quienes, dentro y fuera del territorio nacional, desean apostar por la República Dominicana con trabajo limpio y visión de largo plazo.
La diáspora dominicana merece una mención especial en esta conversación. Millones de dominicanos radicados en el exterior mantienen vínculos afectivos, económicos y familiares con su país de origen. Envían remesas, apoyan comunidades, crean empleos, invierten en propiedades, promueven destinos y sirven de puente con mercados, contactos y oportunidades internacionales. No son espectadores lejanos. Son parte activa de la nación.
Por eso, cuando un dominicano de la diáspora decide tocar la puerta institucional de su país con intención de invertir o contribuir, lo mínimo que merece es un trato serio, respetuoso y previsible. No un privilegio. No una alfombra roja. Simplemente reglas claras, procedimientos transparentes y una respuesta compatible con la dignidad del ciudadano.
Defender eso no es elitismo. Es sentido común republicano.
Tampoco se trata de idealizar al inversionista. Hay inversionistas serios y otros que no lo son. Como en toda actividad humana, la ética no depende solo de un sector. Pero precisamente por eso el Estado debe actuar con aún más pulcritud: porque su legitimidad surge de la imparcialidad, de la razonabilidad y de la consistencia de sus actos.
La Ley 107-13, que orienta los derechos y deberes en las relaciones entre las personas y la administración pública, no es un adorno técnico. Expresa una aspiración civilizadora: que el ciudadano sea tratado con respeto, que las decisiones estén motivadas y que la administración sirva, no opaque. En mi opinión, cada vez que el espíritu de esa ley se debilita en la práctica cotidiana, perdemos todos un poco.
Perdemos tiempo. Perdemos confianza. Perdemos reputación. Y a veces, también, perdemos oportunidades de desarrollo que no siempre regresan. Por eso sostengo una frase que puede parecer dura, pero que intento usar aquí como advertencia cívica y no como insulto personal: “La República Dominicana crece a pesar de estos parásitos, no gracias a ellos.”
Quien lea esa expresión debe entenderla en su dimensión alegórica y estructural. No se refiere a una persona concreta ni a una imputación judicial. Se refiere, en mi opinión, a las malas prácticas enquistadas en ciertas culturas administrativas: esas conductas que se alimentan del esfuerzo ajeno, frenan la eficiencia pública y restan energía al país productivo. Si el término resultara excesivo para algunos espacios editoriales, puede sustituirse por “malas prácticas”, sin alterar el fondo del planteamiento.
El país real —el que madruga, produce, paga, arriesga, educa y construye— no puede seguir rehén de hábitos institucionales que pertenecen al pasado. Necesitamos una administración pública y municipal más consciente de su rol en la competitividad nacional. Cada funcionario debería saber que una mala interacción pública puede cerrar más puertas de las que imagina.
Una nación no se transforma solo con grandes obras. También se transforma con pequeñas conductas públicas repetidas correctamente: responder con respeto, explicar con claridad, decidir con fundamento, documentar con transparencia, escuchar sin arrogancia, actuar sin capricho.
Eso también es desarrollo. Eso también es patriotismo. Eso también es defender la inversión sana, la seguridad jurídica y la dignidad de la República. Yo no escribo estas líneas desde el resentimiento. Las escribo desde la preocupación y desde la esperanza. Me preocupa que normalicemos procedimientos que no están a la altura del país que queremos ser. Pero también tengo esperanza porque sé que todavía estamos a tiempo de corregir. Y corregir empieza por nombrar el problema con prudencia, con firmeza y con responsabilidad.
En mi opinión, la República Dominicana necesita menos improvisación y más institucionalidad; menos gesto personal y más deber público; menos opacidad y más confianza. Necesita autoridades que comprendan que servir bien también es una forma de construir patria. Porque al final del día, no basta con decir que queremos desarrollo. Hay que comportarse institucionalmente de una manera que lo haga posible.
Y ese cambio empieza por el procedimiento.