Por Ervin Vargas J.
Cada institución debe contar con la capacidad de respuesta necesaria para enfrentar cualquier adversidad geológica, ambiental o antropogénica, apoyada en herramientas resilientes y sostenibles a lo largo del tiempo.
El 17 de septiembre de 2025, CODIA (Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores), Regional Norte, bajo la presidencia del ingeniero Ramón Martínez, constituyó la Comisión de Riesgos y Vulnerabilidad. Su objetivo es fortalecer la gestión integral del riesgo y promover una cultura de prevención en las comunidades del Cibao y en todo el territorio nacional.
La comisión está integrada por especialistas de alto nivel en ingeniería civil, geología, energía y gestión ambiental. Entre sus miembros se encuentran el Ing. Ervin Vargas, el geólogo Luis Peña y la Ing. Ashley Morales, así como el Ing. Eric Mercedes y el Ing. Arcadio Rodríguez. Tengo el honor de presidir este órgano.
Como primera meta prioritaria nos proponemos dimensionar la capacidad de respuesta del municipio de Santiago de los Caballeros ante el peor escenario posible, a la luz del estudio científico sobre riesgo sísmico realizado para esta ciudad. Ese estudio, financiado por USAID y BHA para la capacitación y comunicación —y vinculado a la iniciativa TREQ (Training and Communication for Earthquake Risk Assessment), subvención AID-OFDA-G-720FDA19GR00273—, fue administrado e implementado por la Fundación Global Earthquake Model en colaboración con las partes locales interesadas. Agradecemos la colaboración de la Oficina del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Ayuntamiento de Santiago, de ONESVIE (Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones) y del Servicio Geológico Nacional de la República Dominicana.
El informe, fechado en junio de 2022, modeló la ocurrencia de un sismo de magnitud 7,5 en el segmento central de la falla Septentrional, próximo a Santiago. Sus proyecciones estiman aproximadamente 2 600 fallecidos, 97 200 heridos, 6 200 colapsos de edificaciones y pérdidas del orden de 10 000 millones de dólares. A partir de esos datos, identificamos las siguientes debilidades y prioridades de intervención:
- Patólogos forenses: déficit crítico.
Con alrededor de 65 patólogos forenses en el país y una capacidad estimada de tres autopsias diarias por especialista, la respuesta nacional sería de 195 autopsias diarias y 390 en dos días. Ante 2 600 fallecidos, esto dejaría un déficit de 2 210 cuerpos sin diagnóstico forense en ese lapso. Es imprescindible concertar acuerdos bilaterales con sociedades médicas de países latinoamericanos —por ejemplo, Colombia y México— que puedan suplir especialistas en escenarios de alta demanda. - Espacios para inhumación digna.
Muchos cementerios públicos ya se encuentran saturados y no disponen de capacidad suficiente para ofrecer una sepultura digna a miles de fallecidos. Debe planificarse, con criterios sanitarios y de respeto a la dignidad humana, la habilitación de espacios temporales y protocolos de gestión funeraria masiva. - Atención sanitaria y personal de enfermería.
El estudio proyecta 97 200 heridos que requerirán atenciones médicas. La infraestructura pública y privada suele saturarse en emergencias; la falta de camas y de personal de enfermería agravará la situación. Es necesario diseñar un plan de formación acelerada y movilización de miles de enfermeras y enfermeros voluntarios, así como identificar espacios —salones, marquesinas y edificios públicos acondicionados— para atención primaria y estabilización hasta la llegada de asistencia especializada. Se recomienda considerar el complejo La Barranquita como sede para internamientos temporales y el Parque Central de Santiago como centro de operaciones para la gestión del desastre. - Suministro de sangre.
No contamos con reservas ni con capacidad suficiente para cubrir la demanda de transfusiones masivas. Deben establecerse acuerdos entre instituciones públicas, privadas y el sector empresarial para garantizar bancos de sangre y campañas de donación organizadas ante emergencias. - Rescate y equipos especializados.
Con 6 200 edificaciones colapsadas, miles de personas podrían quedar atrapadas entre escombros. Aunque existe disponibilidad de maquinaria pesada, faltan equipos especializados de búsqueda y rescate (detectores de signos vitales, cámaras, perros entrenados) y el personal capacitado para operarlos. Es necesario cuantificar el personal actual y la brecha existente, y suscribir convenios con organismos de socorro de la región para movilizar asistencia especializada cuando sea requerida. - Infraestructura vial y comunicaciones.
Debemos evaluar con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la capacidad de respuesta ante el colapso de estructuras clave —por ejemplo, elevados— y la interrupción de tramos de la avenida de Circunvalación Norte, que afectarían la movilidad y la logística de ayuda. - Agua potable y saneamiento.
CORAASAN y otras instituciones deben elaborar planes para identificar puntos vulnerables en tuberías y tanques de abastecimiento, y disponer medidas de contingencia que garanticen suministro y eviten riesgos sanitarios posteriores al desastre. - Sistema eléctrico.
Un sismo de gran magnitud podría provocar el colapso de postes, torres y el tendido eléctrico. EDENORTE Dominicana debe identificar las infraestructuras críticas y planificar acciones para restablecer la energía con rapidez y minimizar daños secundarios. - Readecuación de edificaciones vulnerables.
ONESVIE debe continuar con inspecciones y estudios de vulnerabilidad para identificar edificios de riesgo y gestionar, con los organismos competentes, su reforzamiento o reubicación cuando proceda.
Para alcanzar estos objetivos se han integrado las instituciones claves: Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos de Santiago, Defensa Civil, Ayuntamiento de Santiago, ONESVIE, Cruz Roja Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, EDENORTE, CORAASAN, Ministerio de la Vivienda y el 9-1-1. Actualmente se realiza un levantamiento para determinar los recursos disponibles —personal, equipos, herramientas, espacios y vehículos— de cada institución. Este inventario constituye el punto de partida para estructurar el dimensionamiento de la capacidad de respuesta municipal frente a un desastre de gran magnitud.
Conocer con precisión los recursos con que contamos, gestionar lo que falta y asignar roles claros a las instituciones responsables permitirá aplicar, cuando ocurra el evento adverso, el protocolo planificado y facilitar la vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible. Para que este plan sea efectivo en la República Dominicana, el gobierno central debe financiar el equipamiento necesario y asumir su implementación como política de Estado ante las amenazas naturales.
La prevención y la preparación no son gastos superfluos: son inversiones que salvan vidas y protegen el futuro de nuestras ciudades. Santiago y la nación en su conjunto deben actuar ahora, con decisión técnica y voluntad política, para reducir la vulnerabilidad y garantizar una capacidad de respuesta adecuada frente a la amenaza sísmica.