La entrega de los sospechosos, bajo estricta seguridad, refuerza tensiones fronterizas y subraya la creciente amenaza de pandillas haitianas en la región caribeña.
Dajabón, República Dominicana. — Dos presuntos integrantes de la temida pandilla haitiana 400 Mawozo, señalada por crímenes de violencia y extorsión en Haití, fueron entregados este sábado a las autoridades del vecino país por las fuerzas dominicanas en la zona fronteriza.
Versiones extraoficiales apuntan a que los dos hombres habrían pagado sumas considerables a traficantes de migrantes para atravesar ilegalmente hacia República Dominicana, un patrón que refleja la creciente presión migratoria en la frontera binacional.
Los detenidos fueron identificados como Adolfo Marcelino, alias Chopo, y Jean Stanley Compere, alias Fat. Ambos fueron trasladados desde la sede central de la Dirección General de Migración hasta el puesto fronterizo de Dajabón, escoltados bajo un riguroso dispositivo de seguridad.
El comisario divisional de la Policía Fronteriza (POLIFRONT), coronel Antenor Leonard, encabezó el operativo y coordinó la entrega de los sospechosos a las autoridades haitianas, en un proceso supervisado por organismos judiciales y de inteligencia.
La pandilla 400 Mawozo, con vínculos al jefe criminal conocido como Barbecue, ha sido acusada de múltiples secuestros, extorsiones y ataques armados que mantienen en vilo a Haití. Su creciente presencia y sus intentos de penetrar en República Dominicana han encendido alarmas de seguridad en la isla compartida.
En círculos diplomáticos, la entrega de los presuntos pandilleros ha sido interpretada como un gesto de cooperación regional frente a la crisis de inseguridad en Haití. Analistas advierten, sin embargo, que las instituciones dominicanas enfrentan un reto cada vez mayor para contener la expansión de organizaciones criminales transfronterizas.
Organizaciones de derechos humanos han solicitado que las operaciones de repatriación respeten los protocolos internacionales y que los sospechosos reciban un debido proceso judicial en su país. El temor, expresan, es que la deportación inmediata de presuntos pandilleros no resuelva el trasfondo del problema y exponga a las comunidades fronterizas a represalias violentas.
