Por Rafael Robles
San Juan de la Maguana, República Dominicana. – Como académico nacido y criado en Cotuí, he sido testigo directo de la transformación socioeconómica —aún insuficiente, pero visible— que experimentó nuestra región desde el inicio de las operaciones de la mina Pueblo Viejo en 2013. Esa experiencia, sumada a mi formación profesional, me permite ofrecer una visión fundamentada sobre las oportunidades que representa el proyecto minero Romero para la provincia de San Juan.
Desde su puesta en marcha, Pueblo Viejo ha aportado más de US$3,200 millones en impuestos directos e indirectos al Estado dominicano, tras una inversión inicial de US$4,500 millones. Con ello, se consolidó como la segunda mina de oro más importante del mundo en capacidad productiva.
El impacto laboral ha sido determinante: alrededor de 2,500 empleos directos —el 97% ocupados por dominicanos— y miles de empleos indirectos, lo que se tradujo en un cambio palpable en la calidad de vida de las familias cotuisanas, con mayor acceso a educación superior, mejores oportunidades laborales y dinamización del comercio local.
Sin embargo, la experiencia de Sánchez Ramírez también dejó en evidencia deficiencias en la distribución de los recursos estatales hacia las comunidades anfitrionas, lo que resalta la necesidad de fortalecer la supervisión ciudadana en San Juan. Aun con esas limitaciones, los beneficios socioeconómicos en Cotuí resultan innegables.
El proyecto Romero, propuesto por GoldQuest Mining Corp., se distingue por sus características técnicas y ambientales. Su modelo de minería subterránea reduce de manera significativa el impacto ecológico en comparación con la minería a cielo abierto. Además, contempla la creación de más de 6,000 empleos directos en su fase operativa y aportes estimados en US$224 millones al Estado, con posibilidad de incremento según la cotización de metales como oro, plata, cobre, zinc y plomo.
Un aspecto notable es el compromiso voluntario de GoldQuest de destinar más del 40% de los beneficios al Estado, superando lo que exige la ley. De ese porcentaje, un 13% —equivalente a RD$8,800 millones— se entregaría directamente a la provincia de San Juan para programas de desarrollo comunitario. Esto representa un flujo mensual de aproximadamente RD$116 millones, recursos que podrían sostener proyectos educativos, sanitarios, viales y productivos sin precedentes en la historia local.
En materia ambiental, el proyecto Romero marca un hito para la minería dominicana: no usará cianuro ni otros químicos contaminantes, aplicará un sistema de gestión hídrica en circuito cerrado y reintegrará al subsuelo toda la roca estéril, eliminando la acumulación de desechos superficiales y presas de colas. Asimismo, el plan de restauración de la cuenca media del río San Juan garantiza beneficios ambientales de largo plazo.
La experiencia de Cotuí confirma que la minería responsable puede ser un motor de desarrollo. Los programas comunitarios implementados allí —educación, deportes, agronegocios y capacitación técnica— fortalecieron el tejido social, logrando que el 90% de los jóvenes formados se incorporara al mercado laboral.
Si bien aún persisten retos en la distribución equitativa de recursos fiscales, Cotuí demuestra que la minería bien gestionada transforma regiones. Con un marco contractual más favorable y mayor participación ciudadana, San Juan podría experimentar beneficios incluso superiores.
El proyecto Romero se perfila como el desarrollo minero más prometedor de la República Dominicana. Sus aportes económicos —RD$116 millones mensuales— podrían financiar universidades, hospitales especializados, infraestructura vial moderna y programas de diversificación productiva. Además, la infraestructura creada, como vías de acceso y líneas eléctricas, quedará como legado para impulsar la economía regional más allá de la vida útil de la mina.
La clave será implementar estándares internacionales de gestión ambiental y participación social. Los estudios de impacto ambiental y social realizados por firmas de prestigio internacional brindan la oportunidad de elevar la transparencia y la confianza en el proyecto.
En definitiva, el proyecto Romero representa para San Juan una oportunidad histórica de desarrollo sostenible, con innovaciones técnicas, compromisos ambientales ejemplares y beneficios económicos directos para la provincia. Este modelo de minería responsable podría convertir a San Juan en un referente de progreso regional en la República Dominicana y el Caribe.
San Juan tiene hoy en sus manos la posibilidad de escribir un nuevo capítulo de prosperidad que trascienda los años de operación minera y siente las bases de un futuro sólido y sostenible.
