Los agentes están imputados por asociación de malhechores y homicidio voluntario tras la muerte de cinco hombres en La Barranquita.
Santiago.– El Ministerio Público solicitó ayer 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los once agentes policiales acusados de asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de cinco hombres abatidos el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago.
Entre los imputados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly y/o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
La medida fue presentada ante la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; la fiscal interina Quirsa Milagros Abreu; y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos.
El Ministerio Público pidió declarar el caso complejo, al señalar que los acusados, tras cometer el hecho, intentaron ocultar pruebas y entorpecer la investigación. Entre las acciones descritas figuran la sustracción de DVR de negocios del área, el despojo de celulares a testigos, e incluso la exigencia al propietario de un local cerrado de entregar el DVR de su establecimiento.
De acuerdo con la calificación provisional, el caso constituye violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
Tras conocerse lo ocurrido, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al Ministerio Público para investigar a fondo las circunstancias del caso y proceder conforme a los resultados.
