Este 7 de enero celebramos como cada año el Día del Poder Judicial, un poder clave en un estado de derecho que administra la justicia, aplica leyes y resuelve conflictos, cuyo fin esencial es la Justicia Social en su mayor esplendor ante la búsqueda de la equidad y el bienestar deseado para todos en una sociedad.
La justicia no es un concepto distante ni una función reservada exclusivamente a jueces o fiscales, o las instituciones del Estado. Es un valor esencial que se construye día a día en la relación entre la ley y la sociedad. Allí donde la justicia es comprendida, respetada y acompañada por la ciudadanía, se fortalece la convivencia y se consolida el Estado de Derecho.
Un sistema de justicia eficaz no se mide solo por la cantidad de procesos o sentencias, sino por la confianza que genera en la población. La justicia debe ser accesible, transparente y humana. Cuando la ciudadanía percibe que la ley se aplica con equidad y sin privilegios, se refuerza el sentido de pertenencia y el compromiso con el orden social.
La sociedad, a su vez, desempeña un rol determinante. No puede ser un actor pasivo frente a los desafíos que afectan la seguridad y la paz social. La denuncia responsable, el respeto a las normas y la colaboración con las autoridades son expresiones concretas de participación ciudadana que fortalecen el sistema de justicia y previenen la impunidad.
En contextos donde la violencia, la criminalidad y otras formas de conflicto impactan la vida comunitaria, la respuesta no puede limitarse a la persecución penal. Se requiere una justicia cercana, que dialogue con la sociedad y que trabaje de manera articulada con los distintos sectores para abordar las causas que generan estos fenómenos. Solo así es posible reconstruir la confianza y fortalecer el tejido social.
Humanizar la justicia no significa debilitarla. Significa ejercerla con firmeza, respetando el debido proceso y colocando la dignidad humana en el centro de cada actuación. Una justicia sensible a las realidades sociales es más legítima y más efectiva.
El llamado es claro: la construcción de una sociedad más justa es una tarea compartida. Las instituciones tienen el deber de actuar con integridad y transparencia, y la ciudadanía la responsabilidad de participar, confiar, exigir y colaborar. La justicia se fortalece cuando la sociedad se involucra y cuando cada persona asume su rol en la defensa de la legalidad y el bien común.
“Porque una justicia sólida no se impone; se construye junto a la gente”.
Nota de la autora:
Este artículo se publica en el periódico El Jaya como parte del compromiso institucional con la promoción de la legalidad, la participación ciudadana y el fortalecimiento del Estado de Derecho.